AGENDA ACEPTADA A REGAÑADIENTES

Cómo se nota que las piedras han tocado el tiempo.

Pablo Neruda

Este año la agenda legislativa tendrá que voltear hacia los derechos humanos. Con todo y los tropezones que ya enfrenta el Estado mexicano en materia económica, política, social, cultural y ambiental, las condiciones internacionales le han impuesto un compromiso que no puede eludir, sin correr el riesgo de un profundo descrédito más allá de nuestras fronteras y la condena unánime del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de Human Right Watch, entre otros.

Al comparecer en Ginebra ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas, las conclusiones que el Estado mexicano tuvo que escuchar no fueron muy agradables: México padece una situación de desapariciones generalizadas en buena parte de su territorio, en varios casos pueden estar involucradas autoridades, la impunidad rodea los casos denunciados. El organismo de la ONU termina haciendo una puntual recomendación para que México legisle en la prevención y castigo de las desapariciones forzadas.

La recomendación incluye el establecimiento de una base de datos para rastrear a personas no localizadas. Uno de los vacíos exhibidos en materia de desaparición forzada de personas es la imprecisión de las cifras que se manejan desde la autoridad y desde la sociedad civil. Lo que poco ayuda para conocer la verdadera magnitud del problema y, desde luego, para elaborar un política que pueda enfrentar el fenómeno con la intención de detener la práctica de la desaparición forzada, de esclarecer los casos registrados, de castigar a los responsables de ese delito de lesa humanidad y de crear las condiciones para restablecer el deteriorado tejido social que ha sufrido muchos embates desde el Estado y particulares que actúan con la complicidad o aquiescencia de las autoridades.

Y para que no sienta el Estado que sólo se trata de la actitud de una sola institución, Amnistía Internacional ha secundado las críticas del Comité Contra la Tortura y lo mismo ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ambas organizaciones apremian por una actitud de aceptación de parte del Estado mexicano y de atender las recomendaciones sin demora. Habrá que anotar que enseguida ha continuado una larga lista de organizaciones y de activistas que se suman a dicha iniciativa.

Ahora viene una etapa muy interesante en el País, pues no sólo es lo que debe trabajar el Estado para cumplir los compromisos internacionales, es el esfuerzo que tenemos que realizar los organismos de la sociedad civil, para revisar las iniciativas que en los años anteriores presentamos ante los congresos estatales en materia de desapariciones forzadas o ante el Congreso de la Unión. Hay tantas cosas nuevas que deben estar en el cuerpo de las nuevas leyes, que no pueden esperar a que sea el Estado el que las contemple. Debe quedarnos claro que sólo un gran activismo social puede imponer que el trabajo legislativo no sea ajeno a los reclamos que hemos mantenido en los últimos tiempos.

Esperemos que el gran movimiento que se ha levantado desde el día 27 de septiembre, luego de los acontecimientos de Iguala, sea el mejor estímulo para ese delicado y gran trabajo que demanda nuestra sociedad, en la búsqueda de recursos legales y materiales que pongan fin a la nefasta práctica de la desaparición forzada de personas. Ayotzinapa bañó la sesión de trabajo en Ginebra y da marco al activismo desarrollado por espacio de casi cinco meses, pero es sólo el caso más conocido, pues no olvidemos que aún dentro de las imprecisiones las cifras que ganan la opinión general, establecen una cifra de cuando menos 22 mil personas desaparecidas.

Los tiempos se irán pronto y los organismos de la sociedad civil deben cumplir con el activismo que impone la agenda nacional, sin descuidar la elaboración de iniciativas de ley, con el fin de influir en las políticas públicas que ahora reclaman la agraviada sociedad mexicana y la vigilante opinión pública internacional y los organismos de diferente carácter que le dan cuerpo a esa opinión.

Las reuniones de coordinación nacional deberán inspirar el trabajo mencionado y dar la base teórica sobre la que trabajaremos, pues las demandas de los familiares con desaparecidos y las orientaciones de distinguidos intelectuales y activistas que dan fuerza a esas reuniones, son los pilares que sostienen la causa de los derechos humanos ahora. La nueva Legislatura iniciará sus trabajos en septiembre, el producto de nuestros esfuerzos prelegislativos debe presentarse antes. Es el compromiso para los activistas y es el reclamo impostergable de la sociedad.

Se fue Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, un adalid de la cultura en el noroeste de México y un incondicional amigo del movimiento de derechos humanos. Nunca olvidaremos aquellas funciones de teatro del Tatuas y veladas, con el fin de sacar fondos y donarlos a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, cuando la situación nos puso en la disyuntiva de cerrar las puertas. Su apoyo nos ayudó a sobrevivir. Vale.