Hay una ausencia
de prestaciones laborales en el campo sinaloense. Todas las aristas del
problema encuentran el vértice en la frase saliendo y pagando. ¿Por qué
lo decimos? Porque la práctica inconstitucional de pagar a los jornaleros
agrícolas al término de cada jornada de trabajo bien puede sonar para algunos
como cosa buena. Pero basta la primera mirada al asunto para darnos cuenta de
todas las consecuencias que encierra ese dicho y la práctica de atropellar
todos los derechos que contempla la ley laboral y que han costado decenas de
miles de vidas a los trabajadores mexicanos.
Al pagarse cada
día a los trabajadores migrantes exime en la práctica al patrón de la
afiliación del obrero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y de todo lo
que ello conlleva: sin estar afiliado, ¿a dónde acudirá el trabajador en caso
de enfermedad o de riesgo de trabajo? ¿Ante qué institución ocurrirá su familia
si se enferma? ¿Cómo hacer valer el derecho a disponer de un techo con mínimas
condiciones para vivir durante la temporada hortícola? Y en esas condiciones
saltan a la vista otras cuestiones elementales como, ¿de qué manera se
concretará el derecho a la educación de los hijos de jornaleros?
También
agregaremos que si en condiciones de afiliación al IMSS la parte patronal
ignora en muchos casos su obligación de otorgar el equipo de trabajo, en estas
de total desamparo laboral no requerimos de mayor imaginación para dibujarnos
el panorama de una mano de obra que enfrenta su jornada laboral sin el equipo
de trabajo indicado, sin la certeza de que está garantizada la atención médica
en caso de necesidad y sin la posibilidad de proteger a su familia en un techo
al que se pueda acceder por su condición de trabajador.
No faltará quien
asegure que en el campo aún existen sindicatos de jornaleros. No pondremos en
duda su existencia, pero si su actuación. Es cierto que cobran cuotas que les
son descontadas a los trabajadores y ello debiera obligarlos a la atención de
los problemas elementales ante las empresas. Pero también es verdad que desde
hace muchos años esas organizaciones se volvieron caricatura de su propio
pasado. Nada, absolutamente nada, hacen frente a la precariedad laboral.
Recientemente,
recibimos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la queja de un
jornalero migrante por accidente de trabajo. La historia es una tragedia que se
resume en el abandono y exclusión del obrero en mención.
Por falta de
equipo de trabajo el riesgo de un accidente se hizo realidad. Lo pusieron a
laborar en un lugar donde el terreno era lodo, en el que había tablas con
clavos cubiertas total o parcialmente por esa tierra fangosa y el trabajador
atiende las indicaciones de moverse en ese punto cenagoso calzando unos viejos
tenis de mala traza. Al no llevar los zapatos de seguridad adecuados, dos
clavos bañados de óxido y tierra ahogada en agua contaminada encontraron el
punto débil de su humilde calzado y penetraron en su piel y carne. Mismas que
lamentan padecer una diabetes que en la existencia de jornaleros es
terriblemente difícil de tratar y sobrellevar.
Y en la empresa
donde ha laborado tiene una política frente a las tragedias laborales de sus
empleados: el departamento jurídico presiona al obrero para que firme un
documento en el que declara que no hubo riesgo de trabajo, sino un accidente
fuera de la jornada laboral y donde el departamento de trabajo social procura
que no vaya a presentarse en el IMSS y si lo hace que no declare que sufrió un
riesgo de trabajo.
Todos nos
preguntaremos, ¿dónde están las autoridades del trabajo? Hablamos de la
dirección del trabajo del estado y de la delegación federal del trabajo. Ni
unas ni otras se tibian ante las situaciones registradas. A la sociedad no se
le han olvidado los problemas que surgieron en temporadas pasadas en las
cuarterías de Juan José Ríos, en las de Ruiz Cortines y en la de Isla del
Bosque en Escuinapa. El caso del jornalero Santos no debe quedar sólo en
lamentos. Y asumamos que al iniciarse la próxima temporada hortícola todos
tenemos el gran reto y la oportunidad de humanizar la situación en viven,
trabajan y producen riqueza en Sinaloa decenas de miles de jornaleros
migrantes. Todos, pero en primer lugar las autoridades del trabajo. No lo
olvidemos. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisi n de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jes s G. Andrade #475 Desp. 8/Culiac n, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com