DESAPARICIÓN FORZADA Y CONGRESO DE LA UNIÓN

La resignación es traidora,

es casi tan parecida al desaliento.

Jacques Roumain

Colectivos de familiares con desaparecidos cruzaron el umbral del Congreso de la Unión. El pasado martes 8 del presente mes se dispuso de un amplio auditorio para recibir a un número importante de rastreadoras de Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Nayarit y de Sinaloa. Allí estuvo para recibirlas el diputado José Luis Sánchez, también estuvieron sus compañeros de Fracción Parlamentaria y, entre otros, el diputado sinaloense Fernando García. Por muchas razones el evento reviste una importancia de primer orden en estos momentos críticos. El fenómeno de la desaparición forzada en el país alcanza la cifra de los 120 mil seres humanos que ya no regresaron a sus hogares.

Pero hay acontecimientos recientes, más allá de los que históricamente se han acumulado como cicatrices sin sanar, que inclinan a convocar a reuniones testimoniales, de análisis y de acuerdos. Los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco; los acuerdos del Comité sobre la Desaparición Forzada de la ONU, tomados en Ginebra hace escasos días; y la iniciativa de legislación de la presidenta Claudia Sheinbaum, son combustible para convocar a asambleas amplias y al acuerdo, para movilizar opiniones y para desarrollar iniciativas que den respuestas claras y contundentes a los reclamos históricos y a los que plantea la actual coyuntura a nivel nacional e internacional.

El Foro del día 8 se llamó Personas desaparecidas: lucha por la memoria y la justicia, diagnóstico y propuestas legislativas. Escuchar a las mujeres que tomaron la tribuna para tratar la causa colectiva de búsqueda de los desaparecidos o compartir ese dolor tan personal nos llevó en algunos momentos a pensar en lo que representa para la vida nacional esa tragedia y no faltaron otros instantes en que, si las lágrimas bañaron las cansadas mejillas de esas madres, hermanas, esposas e hijas, hasta en el más duro de los presentes en el auditorio Aurora Jiménez asomaron al menos unas tímidas gotas de agua salada. Y no fue para menos, pues algunos de los testimonios tocaron las fibras más sensibles.

Rescatamos algunos de esos testimonios. El maestro michoacano José de Jesús Arévalo denunció que hay agentes del Ministerio Público que cobran por abrir carpetas de investigación. La sinaloense Irma Arellanes demandó que el gobierno cumpla con la Ley de Atención a Víctimas, dando los apoyos que requieren las familias y que los diputados escuchen a familiares de las víctimas. Viridiana, luchadora michoacana, planteó que “se necesita un diálogo, pero que incluya acuerdos; que se necesita un protocolo para las familiares que cuidan a los hijos de los desaparecidos; en Michoacán suceden cinco desapariciones diarias.

Blanca Liliana Jaime, también paisana de Lázaro Cárdenas, denunció que en su estado no hay una Ley sobre desaparición forzada por la actitud poco comprometida de las diferentes fracciones parlamentarias. La oaxaqueña Aracely Martínez compartió que su hermana Sandra Estéfana está desaparecida por ser una activista defensora de derechos humanos. Y que hay funcionarios involucrados en el caso. Pedro González del mismo Estado, nos dice que “el tiempo es el peor enemigo en casos de desaparecidos; que los familiares no tienen acceso al acompañamiento y que para las búsquedas no hay personal ni recursos suficientes.

Nancy Alonso de Nayarit, nos dice que su esposo tiene cinco años desaparecido. Que fue detenido por la Policía Ministerial, que presumió que tenía orden de aprensión. Y planteó una gran verdad: “Un desaparecido es una interrogante abierta”. La jalisciense María de Jesús Solís nos dice que tiene un hijo que ha sido víctima de la desaparición dos veces. Y que en la primera ocasión fue privado de la libertad en campos de entrenamiento de bandas criminales. Enseguida subió la nayarita Virginia Garay, para decirnos que su hijo desapareció hace siete años. Y que en su estado hay mil 800 personas registradas como desaparecidas; que luchan porque haya una Ley que proteja a las buscadoras. Concluyó señalando que el municipio indígena de Huajicori es el que más sufre de violencia y desapariciones forzadas.

Rosa María Pérez, también de la tierra de Amado Nervo, denunció que a su hijo, esposa y un pequeño de ambos, los sacó violentamente de su casa un grupo armado. Que pudo rescatar a la nuera y a su nieto, pero hasta el día de hoy no ha podido liberar a su hijo. Sabe del reclutamiento forzado de jóvenes para explotarlos en laboratorios clandestinos, incluyendo a su hijo. Y pregunta, ¿son víctimas o victimarios? Guadalupe Rivera del colectivo Luz de Esperanza hace saber al auditorio presente que “las fiscalías no atienden su trabajo. No tienen empatía con las familias con desaparecidos.

El Foro realizado en el Auditorio Aurora Jiménez es histórico y puede ser el punto de partida no solo para fortalecer el movimiento de los sufridos familiares con desaparecidos en México. Puede ser la plataforma que impulse nuevos encuentros más amplios donde se profundice en las iniciativas y se organicen acciones que se vean reflejadas en leyes y políticas públicas que se encaminen a ver el problema de la desaparición forzada como un problema que atenta contra la seguridad nacional y cuestiona profundamente el quehacer y las obligaciones del Estado mexicano en la materia. Se concluyó dar seguimiento a los reclamos y necesidades de los colectivos y contemplar sus propuestas en la iniciativa de la presidenta Claudia cuando ese documento sea turnado del Senado a la Cámara Baja. Bien por los diputados organizadores del Foro y nuestros respetos para esas egregias madres que luchan por encontrar a sus hijos desaparecidos. Vale.