Ayotzinapa y
Teuchitl n nos han hecho caminar pasos importantes en materia de desaparici n
forzada. Cada caso en su momento sacudi la conciencia nacional y nos pone ante
la lupa internacional que da seguimiento a tragedias humanitarias. Nuestra
mejor respuesta se da en el campo de la legislaci n, en donde hemos
evolucionado hacia un entorno legal aceptable en este estadio que ya va a
cerrar los 60 a os bajo la pr ctica de la desaparici n forzada de
personas.En el primer caso hasta de una
Comisi n de la Verdad se dispuso, sin que por ello hallamos alcanzado la verdad
buscada de los hechos, mucho menos la justicia plena que reclamaron familiares
y sociedad.
En el caso de
Teuchitl n, comenzamos de nuevo en empinada cuesta el intento de
esclarecimiento de los hechos y que la justicia se imponga sin importar qui n o
qui nes est n involucrados en el infierno construido en el Rancho Izaguirre del
municipio de Teuchitl n, Jalisco. Hay ya un compromiso de la presidenta Claudia
Sheinbaum para atender la emergencia que vuelve a replantearse con el
lamentable caso de los hornos crematorios, en ese punto geogr fico que un d a
viera pasar las hist ricas peregrinaciones de nuestros abuelos fundadores. S ,
de esos ancestros que partieron de Aztl n en busca de la tierra prometida y que
en las inmediaciones del Lago de Texcoco fundaron la legendaria Tenochtitl n.
Teuchitl n mismo (su nombre) es el testimonio vivo del paso de Tenoch y su
pueblo por esos lares.
No ignoramos que
Ayotzinapa puso a prueba la capacidad del Estado mexicano para esclarecer dicho
caso y para llevar a comparecer ante los tribunales a todos los presuntos
responsables. Nuestra memoria guarda todos problemas que se atravesaron en el
camino buscando que la carpeta de investigaci n no tocara intereses fuertes y
luego registra que desde el mismo Poder Judicial se entorpecieron los
diferentes juicios cuando el Juez Samuel Ventura Ramos absuelve a 121 de los
indiciados en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de
Ayotzinapa. M s todav a, se busc evitar la investigaci n sobre la
participaci n de elementos del Ej rcito mexicano y cuando hubo elementos para
ello, no falt la resoluci n de un juez para que el juicio lo llevaran en
libertad, a pesar de la gravedad del delito.
Los antecedentes
no son buenos en materia de procuraci n de justicia. Esperemos que no se
repitan esas terribles fallas en el caso de Teuchitl n, que por lo dem s nos
obliga a preguntarnos algunas cosas elementales: trasladar alrededor de 400
seres humanos hacia un punto concreto (Rancho Izaguirre), no importa el tiempo
ocupado (meses o a os), es incre ble que no lo haya registrado ojo humano ajeno
a la actividad depredadora de personas. Y no nos referimos s lo al ojo
ciudadano de la calle, sino el de la autoridad. Baste observar que todos los
ayuntamientos tienen una oficina de inspecci n que se encarga de registrar
cualquier cambio en las construcciones con fines recaudatorios. Nunca vieron
nada an malo?
Y las locales y
federales d nde estuvieron en todo ese tiempo? Se ha dicho que en septiembre de
2024 el Rancho Izaguirre fue visitado y cateado por una autoridad federal, por
qu no hubo consecuencias de esa acci n? El Estado mexicano nos debe una amplia
explicaci n.
La presidenta
Claudia ha planteado seis compromisos que tienen una gran importancia en
materia de desapariciones forzadas y que pueden significar pasos de gran calado
en esta materia. Estos son: 1.-Fortalecer la Comisi n Nacional de B squeda:
2.-Iniciativa de reformas a la Ley General de Poblaci n, para consolidar el
Certificado nico de Registro de Poblaci n; y reformas a la Ley General en
Materia de Desaparici n Forzada de Personas; 3.-Incorporar a la Ley nuevos
protocolos que agil cenla b squeda desde el momento del registro de un caso;
4.-Equiparar el delito de desaparici n con el del secuestro; 5.-Publicaci n
mensual de las cifras de carpetas de investigaci n; 6.-Fortalecer la Comisi n
Ejecutiva de Atenci n a V ctimas.
La m nima
sensibilidad sobre la naturaleza de los delitos nos invita a diferenciar los
delitos. En el punto 4 es imprescindible se alar que no podemos equipar un
delito de lesa humanidad con el de secuestro, por lo grave que consideremos a
ste. Por lo dem s consideremos la respuesta ante los hechos de Teochitl n como una salida pronta y que debe dejar una
huella muy importante en el terreno de las desapariciones forzadas. Y sin dejar
de valorar la dimensi n de las medidas, aceptemos tambi n que el Estado mexicano
no asume a n la decisi n de enfrentar el fen meno de la desaparici n forzada
tal como lo hicieron Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y otras
naciones hermanas. Ahora es un buen momento para hacerlo.
En Sinaloa debemos
destacar dos cosas muy importantes: estamos en un momento muy cr tico en
materia de desapariciones forzadas y este a o arribamos al medio siglo desde
que se inici esta abominable pr ctica. Las estad sticas nos dicen que en la
etapa tres las desapariciones evolucionan as :
2006, 35; 2013, 1109; 2024, 1358; y en este joven 2025, ya van 237. Urge un
esfuerzo extraordinario para detener la pr ctica de la desaparici n forzada. No
tenemos ninguna duda en que la Ley Sobre Desaparici n Forzada de Personas
Federal y Local, la Comisi n de B squeda en dichos mbitos y las comisiones de
atenci n a v ctimas deben ser m s eficientes y contar con m s recursos y
tecnolog a. Pero lo importante es la voluntad, como en su momento lo
demostraron los pa ses mencionados, para que desterremos de nuestra vida
cotidiana ese fen meno que ha dejado una herida abierta, creciente y cada vez
m s dolorosa en la sociedad mexicana. Ojal tengamos pronto esa decisi n del
Estado mexicano. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisi n de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jes s G. Andrade #475 Desp. 8/Culiac n, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com