Que
los migrantes en Estados Unidos sostengan con sus remesas
la
economía del país me recordó una frase de Giovanni Papini:
El
dinero es la sangre de los pobres.
Ignacio Solares
Los migrantes
vuelven a ser tema de preocupación nacional. Las deportaciones de los
trabajadores latinoamericanos en Estados Unidos están impactando a la población
indocumentada y de paso a la misma economía del país vecino. Baste tomar nota
sobre algunos renglones: el Periódico La Opinión de la Ciudad de Los Ángeles
afirma que el 70 por ciento de la mano agrícola son trabajadores migrantes, de
los cuales cerca del 50 por ciento no cuentan con la documentación de
residencia y con el respectivo número de seguro social que le permita trabajar
sin problema alguno.
La amenaza de
deportación masiva y la misma expulsión de esa mano de obra es una moneda de
cambio del régimen de Trump. El presidente de EU y su gabinete saben que el
regreso imprevisto y violento de esos trabajadores representa una fuerte
agresión a las economías de sus países de origen. Y por lo mismo se vuelve una
ventajosa presión para el imperio frente a las naciones pobres de América
Latina. De entrada, les impone una agenda en las negociaciones: el control de
la migración y el tema del tráfico de drogas como si el mercado gringo fuera
ajeno al asunto, pero en el fondo subyace el verdadero interés: los valiosos
recursos naturales que aún siguen bajo la soberanía de las naciones del
subcontinente.
Pero la soberbia
impone cegueras (y en no pocas ocasiones ignorancia sobre las consecuencias de
las medidas que se toman en contra de países vecinos. La Opinión también
informa que la dimensión de los impuestos que paga esa mano de obra migrante es
superior a las obligaciones fiscales de 55 de las grandes corporaciones
norteamericanas. Y para probarlo aportan los datos siguientes: esas empresas
pagaron 3 mil 700 millones de dólares como impuestos por ingresos de 200 mil millones
de dólares. La tasa de impuestos que nuestros trabajadores migrantes pagan es
de poco más del 10 por ciento en los estados contra 7.2 por ciento que entera
el 1% de la población (los ricos). Y si nos referimos a los beneficios
recibimos por fondos federales, es incomparable la cantidad y el porcentaje que
llega a los migrantes en comparación a los subsidios que reciben los más ricos
en EU.
En la política de
choque de Donald Trump se trata de borrar de un plumazo que tan solo en 2022 el
pago de impuestos federales llegó a los 51 mil 800 mdd
y a 37 mil 300 mdd en contribuciones de carácter
estatal y local. Y en los argumentos para reprimir a esta población no faltan
las afirmaciones en el sentido de no pagan impuestos. Se miente como el recurso
más fuerte para justificar las acciones que llevan a la deportación en
condiciones que imponen la separación, sin más, de familias, de patrimonios y
todo lo que implican arraigo y ahorro que descansa en el trabajo y sacrificio.
El discurso que
criminaliza a los trabajadores indocumentados pretende justificar el recorte de
fondos federales que debieran dedicarse a la población pobre y de clase media,
para desviarlo hacia los multimillonarios y sus grandes corporaciones que absorben
no menos de 5 billones de dólares y que son responsables de la quiebra
financiera a la que ha llegado el mismo modelo de economía estadounidense.
David Kass, director de la ATF (Asociación para la Equidad
Fiscal) va más lejos y señala que si se autorizara el trabajo formal a esa
población migrante el incremento a las contribuciones puede ir desde los 40 mil
mdd a los 137 mil mdd
anuales. Otras instituciones como ProPublica señalan
que los migrantes pagaron más impuestos que los cinco estadounidenses más
ricos. ¿Y qué pasa con los derechos al Medicaid? Pues que éstos no fueron
mayores a 2 mil 600 mdd, lo que representan el 0.4
por ciento del total. No pocos de estos trabajadores son empleados de Elon
Musk, el protagonista de las promociones de recortes en la administración
Trump.
¿Estas medidas
afectan también a la economía norteamericana? Sin duda. Al presionar a otras
economías, no sólo vuelve más difíciles las relaciones de carácter económico y
diplomáticas, también se afecta la planta que da vida a la economía local. A
este tipo de medidas muchos le llaman darse un tiro en el pie. Y no faltaría
quien señale que es como jalar de una cuerda buscando ahorcar a un vecino
cuando la misma también aprieta del pescuezo propio.
Mientras esto
sucede, en Sinaloa ya padecemos algunas consecuencias de las deportaciones de
connacionales. La Secretaría de Educación Pública, Gloria Himelda
Félix ha declarado que 12 familias recién repatriadas buscan colocar a sus
hijos en alguna de las escuelas públicas sinaloenses para que no pierdan el
ciclo escolar y que ya se atiende la demanda. Nuestro reconocimiento a esa
actitud sensible para atender a la población escolar que no pudo continuar sus
estudios en los Estados Unidos. Los migrantes repatriados deben contar de
antemano que al regresar en las condiciones señaladas las puertas de su tierra
están abiertas y la voluntad para seguir construyendo la patria chica junto con
ellos está tan vigente como a la hora que migraron buscando otras
oportunidades. Bienvenidos a casa.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisi n de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jes s G. Andrade #475 Desp. 8/Culiac n, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com