Sandra Luz y Rosario Lilián,
son nuestra pena con el peso de la impunidad. En la pérdida de sus vidas hay
responsabilidad de todos, no sólo de la autoridad. Lo afirmo porque no cuidamos
lo suficiente a ninguna de las dos madres con hijos desaparecidos. Y debemos
pedirles perdón por ello. De la autoridad, al menos es obligado decir ahora que
el manto de la impunidad sigue dando cobijo a los responsables de la muerte de
Sandra Luz, incluidos quienes no observaron el debido proceso cuando compareció
un acusado por su homicidio. En el caso de Rosario Lilián,
la madeja procesal parece enredarse desde el primer momento de su violenta
muerte. Esperemos que tome la andadura adecuada en los próximos días.
La intranquilidad no alcanza sosiego al
imponerse en el movimiento de familiares la situación de sus dos compañeras
asesinadas. Y menos cuando saben que las amenazas han seguido después del doloroso
acontecimiento del 30 de agosto. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
en Sinaloa, está dando seguimiento a un nuevo caso registrado en este mes, en
el que las indagatorias de la Fiscalía aún no apuntan hacia algún asidero que
permita dar con el responsable de las amenazas y evite un daño mayor a la
víctima.
Desde el año 2017 hemos venido señalando
que México atraviesa por una crisis humanitaria, que toma cuerpo con los homicidios,
desplazamientos y desapariciones forzadas. Las causas que generaron esos
renglones del delito siguen vigentes y continúan dando vida a las altas cifras
que no ceden sustancialmente. A pesar del largo tiempo transcurrido desde 2006,
en que la política de Estado de Guerra contra el Narcotráfico, creó las
condiciones para catapultar los delitos señalados, no vemos una política en el
actual gobierno que busque dar un giro en la concepción sobre seguridad y en la
estrategia a seguir.
En los años setenta del siglo pasado,
México atravesó por una fuerte crisis de gobernanza. La solución a la crisis de
esos años se encontró en la Reforma Política: que incluyó la reforma electoral
(que amplía el espectro de partidos políticos y su participación electoral) y la
Ley de Amnistía, cuya iniciativa surge del seno del movimiento de Madres con
Hijos Desaparecidos. La Reforma Política de 1978 abrió las puertas a una
conciliación nacional (aunque hayan quedado deudas a saldar). Y de alguna
manera contribuyó a que la práctica de la desaparición forzada bajara el trote
de los años setenta.
A partir del gobierno de Felipe Calderón el
tema de la seguridad se replantea en nuevos términos. Las acciones del Estado
van a contribuir centralmente a la explosión de los renglones de homicidios,
desplazamientos de la población por razones de violencia y desapariciones
forzadas. El objetivo era, según narrativa del Estado, abatir el trasiego de
drogas. Sin que se aportara algo significativo en ello, sí tenemos que lamentar
los resultados que de esa política pública recogemos en los renglones
mencionados.
En la actualidad hay un esfuerzo
sobrehumano de los familiares buscando la localización de sus seres queridos.
Los buscan tanto en vida como en las fosas clandestinas a quienes consideran
muertos. La autoridad se ha visto obligada a acompañar a esos familiares en las
búsquedas, a crear algunas instancias que otorguen apoyos y a legislar sobre la
materia. Pero todo ese trabajo, por mayor nobleza que tenga se queda a medio
camino. Siempre irá detrás del fenómeno de la desaparición forzada. Y no puede
quedar en esa dimensión.
Bien vale la pena preguntarnos que, si en
materia económica y financiera seguimos a pie juntillas el Consenso de
Washington, para convertirnos en una fábrica de pobres (como lo prueban los
censos del INEGI), ¿no podremos seguir los ejemplos de Argentina y Chile en
materia de desaparición forzada? Esos países hermanos fueron víctimas de
verdaderas dictaduras militares en los años setenta y ochenta. En aquellos
duros años desaparecieron 30 mil y 5 mil personas respectivamente. Sus pueblos
liquidaron esas dictaduras y encontraron una manera de no repetición de las
desapariciones forzadas hasta la fecha. A la cárcel fueron muchos de los responsables
y se fortalecieron la sociedad civil y sus derechos.
La solución a la crisis humanitaria actual
no se alcanzará con la actual legislación sobre desaparición forzada y
seguridad. La situación demanda una reforma del Estado donde el centro de todo ese
universo sea la seguridad ciudadana. Si un régimen autoritario en los años
setenta aceptó la necesidad de la Reforma Política, ciertamente bajo el empuje
de una sociedad civil en crecimiento, lo más natural es que un régimen producto
del tsunami electoral de 2018 y que reivindica la transformación del país,
entienda que ahora es el momento de una nueva Reforma Política. Al centro
aparece una concepción anquilosada sobre seguridad y sobre derechos humanos. El
pueblo tiene derecho a la nueva Reforma del Estado. Vale
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com