URGE TRATAR EL PROBLEMA DE LA DEUDA PÚBLICA

Todos resbalamos hacia el futuro.

Mario Benedetti

La deuda pública es ya el principal dolor de cabeza. Inexplicablemente nos siguen distrayendo otros rubros de las finanzas nacionales, que sin dejar de ser importantes no deben ocultar el embrollo central. Pero las crisis gemelas: Covid-19 y la prolongada recesión económica, son tan tercas que en todas sus manifestaciones nos remiten a reflexionar qué hacer con la deuda, pues sin recursos económicos suficientes cómo podemos atender los problemas de salud nacionales y los que presenta la recuperación de la economía.

Es cierto que para algunos economistas llama la atención el disparo de las deudas públicas de los países (incluidos los desarrollados), las de empresas y las de los hogares. Pero centrémonos nosotros, por ahora, en las de carácter público. Y al ocuparnos de las deudas públicas no nos circunscribamos sólo a la que corresponde al ámbito federal, que para diciembre próximo alcanzará los 12.6 billones de pesos y cuyo costo financiero para este 2020 tiene la dimensión de 723.9 mil millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda muestra preocupación porque las entidades federativas, tan solo en lo que va de la crisis presente, han contratado deuda por 120 mil 297 millones de pesos y de ese monto se han canalizado no más de 30 mil 985 millones de pesos a la inversión productiva. Y con mortificación señala que tres de cada cuatro pesos han sido empleados por estados y municipios para el pago de pasivos previos o cubrir “boquetes de liquidez” en sus finanzas.

La senda por la que transitan los gobiernos locales también invita a la preocupación, pues si la inversión pública alcanzó en 2019 el 4.5 por ciento de los presupuestos ejercidos, el pago de sus deudas representó el 4.3 por ciento. Con los compromisos a cuestas de este año y las consecuencias que pueden traer las recientes reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que autoriza a los gobiernos locales a contratar y reestructurar financiamientos en caso de desastre natural o emergencia sanitaria, sin el aval de los congresos locales, esto se puede disparar y salir de control.

Los estados que han contratado mayor deuda este año son Quintana Roo, con 19 mil 923 millones de pesos; Veracruz, 17 mil 972; Oaxaca, 16 mil 310 millones; Baja California, 12 mil 450 millones y Jalisco, 9 mil 982 millones. Algunas entidades llaman poderosamente la atención al sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera: Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Coahuila y Quintana Roo, cuyas deudas representan el 177.7 por ciento de las participaciones federales, 178.4 por ciento, 166.6 por ciento y 170.7 por ciento, respectivamente (exceptuando Nayarit que hasta 2018 había contratado deuda por 5 mil 657 millones y este 2020 por otros mil 52 millones); el segundo trimestre de este año se encendieron los focos rojos. Coahuila y Quintana Roo presentan mayor riesgo en el renglón de pago del servicio de la deuda..

El Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, manifiesta que para el primer trimestre de este año la deuda de las entidades federativas y municipios de México alcanzaba los 597 mil 791.6 millones de pesos, casi el doble de lo que se aplica en los programas sociales federales. Las preocupaciones de Hacienda y del Instituto Belisario Domínguez desafortunadamente no han encontrado el espacio que merecen en las cámaras del Congreso del Congreso de la Unión.

Las deudas no son un asunto de reciente cuño en nuestro país o en la vida de las empresas y familias mexicanas. México nació con una economía saqueada y disminuida sensiblemente por 11 años de guerra civil, y para dar los primeros pasos como república tuvo que recurrir al endeudamiento con los agiotistas internacionales. Y no hemos tenido época en que las deudas nos den un desahogado respiro. Pero el presente momento, este de las crisis gemelas, hasta para organismos como el FMI y el BM es motivo de análisis y discusión por las consecuencias que las deudas tienen sobre las economías de los países pobres.

Por las razones anteriores, los legisladores federales no tienen justificación alguna para no incluir en la agenda del Congreso de la Unión el problema de la deuda pública. Algunas instituciones privadas como el Citibanamex ven que la recuperación de la economía puede remontarse hasta el 2025, lo que no resulta tan fuera de la realidad y da nuevos elementos para que no se cometa el error de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación bajo el diseño y concepción de una política hacendaria que sigue lindando con el neoliberalismo, a pesar del discurso presidencial que lo condena como responsable de las tragedias que hoy padece el país. La demanda de suspensión de la deuda reclama un espacio en la agenda legislativa ya. Vale.