EMERGENCIA EN FEMINICIDIOS

El fracaso policial es en realidad el fracaso del Estado mismo.

Patricia Figueroa

La barbarie regresó a Badiraguato y a Sinaloa en la madrugada del día 14. Tres mujeres mueren violentamente en alguno de sus caminos vecinales. El lamentable hecho nos pone de nuevo frente a una situación que nos obliga a revisar y cuestionar lo que se ha hecho y omitido en materia de violencia de género. Pero esta vez las cosas nos piden ir más allá del mero análisis.

En marzo de 2017 se emitió la Alerta de género en Sinaloa. La medida respondió a un largo y apasionado reclamo, no fue gratuita ni un regalo de la autoridad. Le precedían un creciente número de muertes violentas de mujeres, a saber: el 2012 se registraron 6 feminicidios, el año 2013 el número llegó a 15; 2014 conoció 31 casos de asesinato de mujeres; el año 2015, dio un pequeño respiro y el número de víctimas bajó a 14; pero 2016 se encontró con un disparo en la cifra de mujeres asesinadas, que llegó a las 50; 2017, el año de la emisión de la Alerta de género, alcanzó la triste cifra de 86; en la nueva situación, 2018 alcanzó los 49 casos. Hay una mejora, pero hay muchos cabos sueltos.

Y en ese entorno, en el que no se fue más allá de la creación de una fiscalía especializada y la comisión de algunos agentes investigadores especializados, el Estado no ha sentido la necesidad de que la legislación en la materia sea revisada de manera integral y que su conocimiento sea asignatura obligada desde la educación preescolar hasta el posgrado de la universidad.

No faltará quien pregunte si eso vale la pena. La respuesta contundente la da la vida misma: salvar la existencia de centenares de mujeres en el país y garantizar la integridad de todas ellas, es la mejor medida para un funcionamiento y desarrollo en un espacio de equidad y de justicia. Lo que sucedió en las primeras horas del lunes en el camino real de Santiago de los Caballeros confirma lo que estamos afirmando.

El gobierno del estado (en especial la SEPyC), la Fiscalía General, el Poder Judicial, las universidades y los organizaciones de la sociedad civil deberemos ser más activos en materia de violencia de género, en especial en el renglón de los feminicidios. Las instituciones deben revisar sus marcos legales, sus prácticas y las consecuencias que de ello se han derivado. Y la SEPyC ya no puede permanecer al margen lo que ocurre en el renglón de la violencia contra las mujeres. El plan de educación de educación debe contener una formación humanista, contemplando la legislación que protege a la mujer y los valores que distinguen a una sociedad más igualitaria y justa con sus miembros, en especial con la parte vulnerable, donde se ubica la mujer.

Las universidades se han alejado de esa filosofía y les gana la política educativa impuesta por la OCDE y el conservadurismo: evadiendo la clásica formación que incluía sensibilidad hacia los problemas del entorno social. Cuando planteamos esto no hay nostalgia sobre no que no haya funcionado, hay sobre todo el interés de poner sobre la mesa de propuestas los elementos y recursos que en educación son aplicables ahora y lo serán mañana. La situación que vivimos no tiene por qué esperar. Exige acciones y concertación de todos los sectores.

La tragedia del camino real de Santiago de los Caballeros ha encendido de nuevo los focos rojos, lo que no debe pasar desapercibido por nadie. Ninguna explicación justifica ese abominable hecho, sencillamente nos indica de manera contundente que las medidas de prevención que contempla el marco jurídico no funcionaron ahora. Y tener conciencia de ello, debe convertirse en compromiso de cambiar maneras de pensar y hacer las cosas en materia de equidad y justicia de género. Vale.