Culiacán, Sin. 24
enero 2018.- Bien dicen, que por el hijo una madre es capaz de vender su
alma al Diablo. Y si lo hace, bien hecho. ¿Quién de nosotros puede calificarlo
de inmoral? Sobre todo si nos hemos cruzado de brazos mientras ella libraba una
batalla a muerte para dar con el paradero de su hijo. Quizá el hecho no le
arranque aplausos a nadie, que tampoco los necesita, pero al menos busquemos
una explicación honesta ante las acciones y omisiones de la autoridad, que no
la ubican a la altura de los requerimientos sociales de justicia.
Nos referimos al
texto que familiares de policías desaparecidos el año pasado enviaron al Cartel
de Sinaloa, en el que dicen: “a quienes han prometido y prometieron no dañar o
hacer daños a personas inocentes, ya hace un año que no sabemos de nuestros
familiares José Antonio Saavedra Ortega y Yosimar
García Cruz, policías municipales privados de su libertad el día 23 y 26 de
enero de 2017, desde ese momento nuestras familias empezaron una gran tortura
psicológica y mental, desde ese momento cambiaron nuestras vidas al no saber
nada de nuestros seres queridos, de no saber si viven o ya no están con vida,
sólo les pedimos a los grandes capos a los grandes jefes del cartel de Sinaloa
y a quienes se llevan a nuestros familiares, que nos ayuden a que puedan
regresar o nos digan donde los podemos encontrar.”
¿Cómo nos explicamos
que sus angustias y afanes busquen a un destinatario que no es la autoridad ni
la sociedad? La interpretación clara de la historia de las desapariciones
forzadas en Sinaloa y en el país nos da luz en la materia. Desde 1975, en el
estado de Sinaloa se dan casos de desaparición forzada de personas y con el
tiempo el número de las mismas va creciendo peligrosamente. No se esclarecen ni
hay justicia para los casos “viejos”, pero tampoco se atienden debidamente los
casos recientes; menos aún se busca detener esta práctica que lastima tanto a
la sociedad. Al parecer hay más simulación que trabajo en serio de parte de la
autoridad. La impunidad es demasiado elástica e irrompible ¿A dónde acudir
entonces? Mi madre dice que el que no encuentra salida, le habla al Diablo por
un portillo.
En medio de estos
avatares, el viernes 26 conmemoraremos 40 meses del caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en la llamada noche de Iguala de
2014. Sus padres estuvieron el pasado lunes en audiencia con el presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quien acusaron a tres jueces de
distrito por no cumplir su obligación constitucional: uno de ellos deja pasar
el tiempo olímpicamente sin resolver el amparo contra la exoneración de Tomás Zerón de Lucio, que tantas irregularidades cometió en la
investigación de la PGR, y a los otros dos, porque se niegan a librar órdenes
de aprehensión en contra de policías del municipio de Huitzuco
y federales, implicados en la desaparición de los 43 estudiantes. Habrá
actividades en varias ciudades del país.
Y siguiendo con el
tema de las desapariciones forzadas, esta semana se presentará un documento al
gobernador Quirino Ordaz Coppel y al fiscal general Juan José Ríos Estavillo. En él se vuelve a insistir en la urgente
necesidad de adquirir perros rastreadores, cuya especialidad es la búsqueda de
personas en vida. Como hay probados resultados en otros estados, en los que se
rescataron a niñas durante las primeras horas después de ser privadas de la
libertad, consideramos que el gobierno de Sinaloa debe hacer un esfuerzo para
la compra de ese tipo de canes. Por la libertad y, sobre todo, por la vida de
esas personas, vale la pena.
Esperamos en esta
ocasión no encontrar oídos sordos como en los momentos anteriores, pues de haberlos en un renglón que no admite indiferencias
ni pérdidas de tiempo, los costos siempre nos remitirán a pérdidas de vida,
cosa que resulta muy dolorosa. De contar con esos animalitos se incrementan las
posibilidades de un buen desenlace para casos de personas desaparecidas, en las
que sea posible ubicar bien el punto en el que se le vio por última vez a la
víctima. Una prenda de esa persona y el punto mencionado pueden hacer la diferencia
entre los fracasos de hoy y una exitosa salida.
Nada nos daría más
gusto que en el marco de la actualización de la Ley sobre desapariciones
forzadas en el estado, se pudiera dar otro paso importante en la atención de los familiares que buscan a sus seres queridos y, de alguna
manera, la gestión por nuevos caminos del problema de las desapariciones
forzadas. Un binomio canino con especialidad en la búsqueda de personas en
vida, sería una buena noticia. Y como las cosas no llegan solas, siempre hay
que darles un empujoncito, todos quedamos convocados a decir y hacer algo para
que la adquisición de esos perros especializados sea una realidad. No esperemos
a que las urgencias nos lleven también como sociedad a hablarle al Diablo por
un portillo. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com