SINALOA SIN SEÑALES CLARAS EN SEGURIDAD

Vengo a estarme de luto por aquellos

que han muerto a desabasto.

Abigael Bohórquez

Preocupante es llegar al momento de preguntarnos, ¿Se ha perdido la brújula en materia de seguridad? Han pasado tantas cosas en este campo de la vida pública, que obligan a reflexionar sobre la suerte que correremos en el corto y mediano plazo. Por los eventos lamentables acumulados en los últimos años y meses, prácticamente no hay un ciudadano que pueda presumir que no ha vivido el papel de víctima del delito o que no tiene algún familiar, amigo o vecino que no lamente haberlo sido.

Los altos costos que la inseguridad implica, están pálida pero contundentemente reflejados en las estadísticas oficiales y en las que se recogen por los medios. No están registrados todos los homicidios, desapariciones, desplazados ni las pérdidas de bienes materiales, pero son una rotunda muestra de nuestro mortificado entorno. La percepción, dicen los que gobiernan y sus colaboradores, no se corresponde fielmente a la realidad. ¿Desde qué momento las líneas paralelas se bifurcan? Porque la realidad está ahí, enferma de terquedad.

En un momento complicado como el presente, toma mayor vigencia y fuerza afirmar que la seguridad es un derecho humano. Lo es como derecho de un ciudadano y como derecho de la colectividad.  Plantearlo como filosofía y como reclamo para una política pública efectiva, debe tener consecuencias inmediatas en el hacer de las instancias involucradas en esta materia. Y como la autoridad ha fallado en proporcionar las condiciones y medios que permitan el desarrollo  de la vida privada y en colectividad, de manera pacífica y civilizada, los ciudadanos deben reclamar también el derecho a participar en la elaboración de políticas públicas y a vigilar que se cumplan al pie de la letra.

Los vaivenes de la inseguridad nos mantienen al filo de la desesperanza: fugas de reos de alto perfil criminal que recientemente imprimieron su sello personal a la violencia que se pasea impunemente en las calles, retenes de la autoridad local o federal cuyo final tiene saldos muy lamentables en vidas, levantones que terminan clasificando a sus víctimas como otros más desaparecidos y policías también víctimas de la desaparición forzada de personas o asesinados aparentemente sin protección de sus corporaciones.

Nos llama la atención el caso del maestro y abogado Adolfo Villegas Moreno, que fuera  levantado a unos pasos de su casa cuando regresaba de su trabajo escolar el pasado miércoles 15.  Se lleva a cabo en una zona donde hay una construcción, negocios y a una hora en la que sobran movimientos en la calle, pero no han llegado a la autoridad o a la familia algún dato concreto que ayude a su localización. El caso del maestro Adolfo deja una amarga certeza que no debe pasar desapercibida por la autoridad, no es la única desaparición forzada que se ha realizado por el rumbo del desarrollo urbano de La Conquista.  Al menos  urge que se tomen medidas para detener dicha práctica en ese punto geográfico.

Otra de las certezas que deja el caso del retén del kilómetro 122 de la autopista Mazatlán Culiacán, donde muere atropellado un oficial de la policía federal y quedan heridas la señora que iba al volante, su hija de 26 años y sus sobrinas de 6 y 8 años. Como no es el primer caso con saldos graves, recordemos el evento donde una joven de la prepa Sandino de la UAS recibió un tiro que la dejó gravemente herida, es tiempo de que los retenes policiacos entren en una seria revisión, porque de principio no hay sustento legal suficiente para justificarlos, ni han dado los frutos prometidos y hay no pocas cosas que lamentar. 

Cuando en el mes de enero, el comandante Alberto López Vargas de la policía municipal, libró un ataque contra su casa y su persona, todos creímos que recibiría el respaldo y cuidado de parte de su corporación. Un mes después se quejaba públicamente de que se le habían retirado el arma de cargo y la escolta que lo acompañaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tomó esa medida cuyas consecuencias no podían ignorarse? No pocos pensamos que se le protegería enviándolo hacia algún punto lejano de la inmensa orografía mexicana. No tenía mala hoja de servicios, más bien era destacada. Ante ello digamos, alguien tiene la obligación de explicar y la sociedad el derecho a conocer la verdad.

El trabajo para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos se incrementa proporcionalmente a las complicaciones en el campo materia de nuestro trabajo. El trabajo no es nuestra mayor preocupación siempre lo hemos atendido, pero sí el que desde hace cuatro meses no tengamos ingresos en nuestra institución para hacerle frente a los compromisos  económicos. El Congreso del Estado volvió a negar nuestra inclusión en un pequeño renglón del presupuesto. Con pasmosa regularidad nos llegan los recibos del teléfono, de la energía eléctrica, del agua y la pena permanente de disculparnos con los compañeros que viven de su trabajo en la Comisión, porque no hay fondos para pagarles. ¿Qué hacemos? Porque nuestro trabajo de promover y defender los derechos humanos es una misión irrenunciable. Vale.