DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA

Los invito al teatro. Al teatro de la guerra que vivimos.
Pedro Salmerón Sanginés

Y después de una semana de ausencia, María Olguín sigue desaparecida. Nueve hijos, su esposo, la comunidad de Todoeso y el numeroso pueblo tarahumara de la sierra del municipio de Sinaloa, esperan que pueda ser localizada y regrese al corazón de la montaña, de donde nunca había salido en sus 31 años de vida. Ella vino a Culiacán junto a Fortino Castro, su esposo y unos cuarenta miembros de la comunidad rarámuri, para exigir al gobernador Mario López Valdez el cumplimiento de los acuerdos de hace dos años.

Esos acuerdos implicaban una inversión de diez millones de pesos para el arreglo de 34 vados del camino rural que va desde Sinaloa de Leyva hasta Quitaboca (unos 75 km) y que les reduciría dos horas de siete caminarlo. También falta la construcción de aulas y dos maestros bilingües, la edificación de dispensarios de salud y la contratación de médicos, la construcción de viviendas, los programas Progresa y 65 y más. Y algo elemental, pero de terrible actualidad: no morirse de hambre. Así lo demandan.

La suerte no acompañaba a María y al towí Ángel, su pequeño hijo. Una severa bronquitis llevó al bebé al Hospital Pediátrico el miércoles 21 y durante una semana luchó por su salud. Allí permaneció María a su lado, sin probar el alimento que le ofrecía el albergue adjunto, triste, sin que la presencia de Fortino mejorara su estado de ánimo. El hospital y su ambiente eran algo desconocido a su existencia exclusivamente rural. El martes 27 se lo dieron de alta.

El gobierno del estado pagaría el costo del hospital, así se había acordado, pero la  incorregible burocracia no cambia. El acuerdo no se informó a trabajo social y sin mayor explicación María se encontró en sus manos con un cobro de miles de pesos. "Se quedó como ida", dijeron las trabajadoras sociales. Y luego se paró y salió del hospital, sin más. Iba a buscar dinero para pagar, ¿a dónde? No tenía un peso en la bolsa y le cobraban miles de ellos. Todos los días brigadas de Voces Unidas por la Vida salimos a buscarla. Lo hace la policía y nos ayudan los medios. No nos rendiremos.

Por si algo hiciera falta en la castigada ciudad de Culiacán, el viernes 30 pasado un grupo de delincuentes enfrentó a un convoy del ejército en la entrada norte de la ciudad. Rescató a un detenido que traían los militares y que por su condición de herido era trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja. El saldo a lamentar fue de cinco soldados muertos, once heridos (incluido un socorrista). El hecho definirá buena parte del futuro comportamiento de las fuerzas armadas en nuestro país y obliga a las instituciones y a la sociedad a una reflexión sobre el problema de la seguridad, los programas diseñados y los crecientes presupuestos desde el infausto Plan Mérida, al que nos llevó el interés del Estado norteamericano.

Y en todo ello brillan, envueltas en lágrimas y luto, 250 mil vidas de connacionales cobradas en el marco de la guerra contra el narcotráfico (¿son menos o más?) Lamentemos la pérdida de vida de policías y soldados, pero lamentemos también la de los civiles, unos y otros merecían y merecen vivir. Todos dejan padres, hermanos, esposas e hijos llorando su muerte. Es hora de condenar los hechos de violencia, la que viene de los grupos criminales, pero también los excesos que se cometen desde el mundo oficial. Hacerlo parcialmente no ayuda a mejorar la situación difícil que vive el país.

Alcanzar la paz y la verdadera gobernanza exigen el ejercicio de ciudadanía, es decir, de que participemos activamente en la defensa y promoción del Estado de derecho. En un país donde hay respeto a los derechos humanos no caben los actos de violencia de la primera semana de mayo de 2008, ni la de mediados de junio de este año, ambos en Culiacán; pero tampoco acepta hechos como los de La Joya de los Martínez de 2007.

La cantidad de vidas perdidas, el número de desaparecidos y desplazados, hablan de manera contundente que los programas de seguridad han fallado estrepitosamente. El miedo que crece ante la inseguridad nos lleva a no pedir cuentas a quienes nos deben garantizar seguridad, sólo atinamos a decir que se incrementen los presupuestos para dicho renglón. Y lo estamos haciendo estimulados por nuestros vecinos de Estados Unidos, quienes nos impusieron criterios y compromisos en el Plan Mérida, son los principales proveedores de armas y equipo, y se dan el lujo de "supervisar" nuestros programas de seguridad ligados a dicho plan. ¿Y la soberanía nacional? ¿Y el balance elemental de costos beneficios de esos programas? Comencemos de nuevo definiendo los conceptos de seguridad, el interés nacional y la ineludible necesidad de respetar los derechos humanos. Vale.