SE NOS ENREDA LA PITA

Es el pecado que hemos cometido las madres:

parir y morir por nuestros hijos.

Rosa Amelia Rubio

Asesinan a Cornelia “Coni” San Juan Guevara Guerrero y con ella una parte de nuestra esperanza. Esa infamia del 15 de enero en el Estado de México, manifiesta la impunidad que cobija a los responsables de la desaparición forzada y cuya protección se extiende a los crímenes contra las madres que buscan a sus hijos desparecidos. La autoridad ni procura la justicia demandada por los familiares, ni garantiza la seguridad de quienes la búsqueda de un ser querido se ha vuelto motivo central de su existencia.

El mundo de muchos parece venirse encima a pedazos, cuando Agustín Carsten, gobernador del Banco de México, ronco de repetir durante tres años que estábamos blindados y que no pasaría nada malo en nuestra economía, ahora confiesa que hay nubarrones que anuncian tiempos borrascosos. Y las tormentas no son sólo en materia económica, el propio Estado parece interesado en complicar las cosas, buscando cubrir lo mal hecho en las investigaciones del caso Iguala-Ayotzinapa y todo lo que está detrás de ello, desarrolla toda una campaña de calumnias en contra del Grupo Independiente de Investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las aportaciones de este grupo han desnudado las debilidades del Estado en el caso de los 43 desaparecidos de la Normal.

Las cosas no paran allí, en Arcelia, Guerrero, el sábado 9 del presente un grupo delincuencial levanta a 21 vecinos, como parte de la disputa por el territorio con otro grupo faccioso. Durante una semana la población vivió la desesperación que todas las familias y vecinos padecen cuando hay casos  de desapariciones. El regreso sucedió el viernes 11, sin muchas explicaciones, pero con la certeza de que el Estado vuelve a mostrar una presencia fallida en esa región.

Mientras tanto en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, cinco jóvenes son desaparecidos ese mismo día 11. Y como para que el círculo de la vergüenza tome cuerpo, resultaron involucrados siete policías hasta el día de hoy. Al menos uno de los detenidos reconoce que los jóvenes desaparecidos fueron entregados a la delincuencia. Otra presencia fallida del Estado.

La presión sanguínea va en aumento, pues hay dos cosas que se agregan a nuestras preocupaciones: una iniciativa del presidente Peña Nieto ante el Congreso de la Unión para reformar la Ley sobre desapariciones forzadas y el temor es que a la Ley vigente le vaya como a la Constitución con las conocidas “reformas”; al fundado temor se suma la confesión de parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, en el sentido de que sólo harían búsqueda de los desaparecidos, dejando a un lado las investigaciones sobre los responsables de esos crímenes. La procuración de justicia quedaría manca y coja si no va más allá. Esa política se basa en que muchos familiares han dicho que encontrarían consuelo en localizar los restos de sus familiares, aunque no haya castigo a los responsables. Lo que es explicable en familiares, pero nunca justificable como política pública. Esa sería una inmejorable invitación para que la impunidad sea completa y eterna.

En medio de todo ello, los familiares y organismos de derechos humanos consecuentes buscan la coordinación del movimiento de familiares a nivel nacional. Es al menos un contrapeso y un intento de que el Estado mexicano respete los derechos humanos y cumpla con sus obligaciones en la materia. En ese marco se inscribe la reunión nacional patrocinada por  el organismo Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y donde coincidieron unos 35 grupos de familias de distintas regiones del País.

Los grupos de familiares de Sinaloa y los organismos solidarios, estamos respondiendo a esa tarea de coordinación nacional. Este sábado 23 familiares del norte, centro y sur de Sinaloa coincidirán en la tercera reunión estatal de familiares con desaparecidos. El encuentro será en Culiacán y la orden del día atiende las preocupaciones nacionales del movimiento (que también son locales): consolidar la coordinación del movimiento nacional y locales, organizar la presión sobre las autoridades con el fin de que avancen los expedientes de cada caso y concretar agendas de búsqueda en campo de desaparecidos. Las tareas y los problemas no son menores, por eso requerimos el respaldo de la sociedad.

Murió el Ing. Roberto Cruz “el General”, hombre de pocas palabras y de dilatada solidaridad con todas las causas nobles. La UAS, los movimientos de derechos humanos y las luchas campesinas, extrañarán su querida presencia. Vale.