UNA LECCIÓN PARA APRENDER

Mi solidaridad incondicional para Raúl Ramírez Baena.

Los enemigos de derechos humanos no pasarán.

Levantamos el campo después de la batalla electoral. Y al hacerlo, la mejor bitácora de campaña -la conciencia popular- debe hacer el balance pertinente. El registro no puede detenerse al anotar que el PRI resultó ser el ganador de la contienda. Esa memoria social no puede dejar de lado que el 56 por ciento del padrón electoral no ocurrió a las urnas y que quien se llama ganador representa apenas el 18 por ciento de dicho padrón. Seremos gobernados por quien fue electo por una ínfima minoría.

Ser relativa mayoría entre minorías no da legitimidad. Esperemos que así lo entienda Quirino Ordaz y que ante la ausencia de bono democrático, las política públicas se enrumben a favor de los más vulnerables (mayorías), que eso si legitimaría la gestión pública. Hacemos votos porque las cosas así sucedan, aunque a unas horas de terminado el intenso y disparejo proceso electoral ya tenemos una mala noticia: designaron presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a José Carlos Álvarez Ortega, cuyos antecedentes y vocación por los derechos humanos no van más allá de haberlos mencionado en alguna ocasión en el aula (si es que lo hizo).

Vuelve a errarse gravemente en la materia. El Congreso, ya lo habíamos dicho, llegó tarde con la convocatoria, otorgó -violando la Constitución y la Ley Orgánica de la CEDH- una prórroga al actual presidente y dejó de lado la falta de cuatro consejeros. El colmo, ahora se exhibe como misógino. Actuando bajo consigna, las mujeres candidatas fueron ignoradas. De las cuatro, dos de ellas tienen en su haber más de dos décadas trabajando en la defensa de los derechos humanos. No se tomó en cuenta eso y nos debe quedar muy claro que donde no hay vocación (los antecedentes hablan) no hay defensa de los intereses de la sociedad en materia de derechos humanos, y poco honrará la memoria de Lars Augustin Mannerheim y de Norma Corona.

Pero para el movimiento de derechos humanos, con una experiencia de más de cuatro décadas en Sinaloa, este entorno oficial que no se dibuja proclive a nuestra causa, ni es extraño ni cambia el riel por el que transitamos. Sí nos indica de manera temprana que no podemos guardar silencio ni esperar a que lleguen solas las señales de que la causa de los derechos humanos será vista con simpatía por las nuevas autoridades. Tenemos que profundizar nuestro trabajo y ello deberá destacar que no hay verdadera democracia sin respeto a los derechos humanos.

Y al manifestarlo, visibilizar las deudas que el Estado mexicano tiene en materia de desaparición forzada de personas, desplazados por la violencia, huérfanos y viudas por la misma violencia, desigualdad social, pobreza en alimentos, vivienda, salud y educación. No cabe duda que una prioridad para el movimiento de derechos humanos es plantear una agenda y hacer hasta lo imposible para que sea también parte del calendario de actividades de la autoridad que tomará las riendas de la entidad en enero próximo.

Con Voces Unidas por la Vida diremos que urge para la práctica de desaparición forzada de personas, trabajar en el esclarecimiento de cientos de casos que esperan justicia, el castigo a los responsables y la reparación del daño. Con muchos ciudadanos, habrá que reclamar la debida atención a las víctimas del delito, comenzando con la designación del Comisionado para la atención de esas víctimas. Se está violentando la Ley de atención a víctimas por el Congreso del estado al no hacerlo.

De acuerdo a los compromisos internacionales, debe legislarse integralmente en materia de derechos humanos y no se ha iniciado el proceso. Al hacer el reclamo el movimiento tiene que presentar una nueva iniciativa de Ley, pues quién más indicado para hacer propuestas en este campo. Si en algún renglón de la actividad pública hay que dar la batalla en ideas y valores, es precisamente en materia de derechos humanos.

Como no podrá presumirse de respeto a derechos humanos si los activistas promotores de esta cultura y los periodistas son reprimidos al desempeñar sus actividades naturales, debe crearse la legislación y los mecanismos que garanticen que esas profesiones se realicen sin contratiempos. Pero esos mecanismos y la voluntad oficial para que funcionen no surgirá por generación espontánea, hay que cultivarlos con activismo y despertando conciencia social. La nueva agenda oficial puede voltear hacia los problemas sociales más sentidos, solo a condición de que nuestro trabajo alcance a tocar corazones y conciencia, y desde luego a que cuestione seriamente lo que hasta hoy se ha hecho o dejado de hacer en materia de derechos humanos. Vale.