INFORME Y CRISIS HUMANITARIA

Mi corazón solo desea alcanzar la paz
Carola Marín. Madre con hijos desaparecidos.

-Queremos una escuela bilingüe, una clínica y un camino que nos acerque a la ciudad. -Dice don Saturnino Algándar, al manifestar por qué están en Catedral. Dos años atrás el gobierno estatal se comprometió a llevar esos servicios y no ha cumplido. Ese grupo de 50 rarámuris en la Plazuela Obregón es una célula representativa de los dos mil tarahumaras (como también se les conoce) que viven en Choix y Sinaloa municipio.

Origen es destino. Así lo prueba la marginación en que viven mayos, mexicaneros y tepehuanes. Lo mismo diremos de triquis, mezcaleros, tlapanecos, otomíes, zapotecos, amuzgos y otras etnias que llegan como trabajadores migrantes y muchos de ellos son ya sinaloenses. Excluidos de los beneficios del desarrollo nacieron y a pesar de las reformas constitucionales posteriores a la Rebelión de las Cañadas en Chiapas, se les sigue escamoteando derechos elementales. Qué pasará con esos rarámuris, que sueñan con su inclusión en la sociedad.

Con el marco de esa movilización de un pueblo originario, se presentará el Informe anual de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Adelantamos que en los 33 años de la CDDHS, este es el documento de rendición de cuentas más preocupante. No es para menos, pues las pretendidas reformas laboral, educativa y energética, dejan a la Nación sin patrimonio ni recursos para atender las demandas de educación, salud, vivienda e infraestructura, que son derechos humanos elementales.

La reforma laboral, por su parte, deja en la más completa orfandad a los trabajadores, pues el derecho al trabajo es la más engañosa quimera en nuestros días. No se siga el derecho a un ingreso digno, a la seguridad social y a la estabilidad laboral. El trabajador (ser humano) no es el centro de la legislación, es el capital (dinero), por lo tanto pueden estar sin trabajo millones de jefes de familia y sus seres queridos sin ingresos, y la reforma no contempla la obligación del Estado de crear empleos. Sólo en las campañas electorales los políticos se acuerdan de que ese es un problema de primer orden. Después de eso la memoria se vuelve remisa.

En el Informe anual, la Comisión expresará que la pobreza y la desigualdad social son dos malarias que han apelmazado nuestro futuro. Pegadas a nuestra piel y a nuestros huesos se vuelven la principal tranca que impide desarrollarnos. No van solas, la violencia y sus malolientes frutos están ahí: homicidios, secuestros, desplazamientos de población, desaparición forzada de personas, huérfanos y viudas. Y lo están sin que haya voluntad o programas que intenten aliviar esa situación.

Y a los temores que abundan en los cuatro puntos cardinales  del país ante la inminente inducción de colapso del IMSS y del ISSSTE, le sumamos la reciente legislación que pone en charola de plata al presidente, a su discreción, la declaración del Estado de excepción, es decir, la suspensión de garantías (derechos humanos) cuando haya manifestaciones o reclamos masivos de ciudadanos. No para allí todo esto, lo están completando con la reforma al Código militar penal y su correspondiente de Procedimientos penales. Con ello los tribunales militares podrán autorizar cateos a viviendas y propiedades de civiles, y hacer comparecer a estos en juicios militares.

En todo momento es válido insistir que toda solución a problemas sociales debe poner como centro al ciudadano, al ser humano. Llevar las coordenadas de ese vértice al campo de la autoridad o del capital (banqueros y grandes consorcios) solamente abona a consolidar una sociedad desigual e injusta y a multiplicar los reclamos de los excluidos y a dificultar la convivencia social pacífica.

Quizá en medios de todo ello, las palabras democracia y justicia deban tomar nuevo sentido. No lo tienen en las políticas públicas, tampoco en las campañas electorales actuales, donde los discursos han perdido todo sentido y los recursos para ganar elecciones no excluyen la violencia. Incluida peligrosamente la que agrede físicamente y donde las armas toman la palabra. Como problemas ya tenemos suficientes, lo menos que podemos exigir a partidos, candidatos y autoridades electorales es el respeto que merecen los electores y que asuman la responsabilidad que les corresponde a cada uno en esta coyuntura especial.

Por lo demás, muchos familiares con  desaparecidos esperan una actitud y voluntad de parte de las autoridades para encontrar a sus seres queridos. La sociedad ha encontrado en la solidaridad un recurso infalible para estimular la resistencia y lucha de esas familias. La autoridad se ve colapsada y llena de desatinos en el tema de la desaparición forzada de personas. Esto no puede seguir indefinidamente así. Vale.