VÍCTIMAS Y PIEDRAS EN EL CAMINO

No voy a gastar gasolina dioquis.

Policía a una madre ofendida que le pide

ejecute la orden de aprehensión a un violador.

La desesperación de esperar. Esa es la cruz que carga la señora Patricia López Arias y tres madres más desde el pasado 22 de diciembre. Sus hijos no aparecen después de ser detenidos por policías preventivos en la ciudad de Los Mochis. Y al ver que la carpeta de investigación va más lenta que la crisis económica y política que azota al país, las cuatro familias convocaron a Voces Unidas por la Vida y a las Rastreadoras de El Fuerte, para que hicieran un Plantón frente a la Dirección General de Seguridad Pública (donde estuvieron detenidos Sergio Ernesto, Francisco Antonio, Jesús Antonio y Carlos Omar), y otro en el Palacio Municipal. Ya emocionadas, marcharon por las calles céntricas de Los Mochis.

Los medios fueron testigos de esa acción, donde las lágrimas de las familias alimentaron sus valientes reclamos frente a las instituciones y ante los funcionarios. Y al reivindicar a los cuatro desaparecidos el 22 de diciembre, se hizo presente la larga lista de personas que no han regresado a su casa por ser víctimas de ese delito de Lesa humanidad. Los números, en este problema no obvian los nombres, dan cuenta de la magnitud de la tragedia. Por eso hablamos de los 42 desaparecidos de los años setenta del siglo pasado, de los 87 de los noventa, de los 43 de Ayotzinapa y de los más de 27 mil a nivel nacional.

Cuando marchábamos por las concurridas calles solicitando el apoyo ciudadano, pudimos apreciar la publicidad desplegada por los candidatos que hoy buscan el voto ciudadano y también sus oficinas. Ninguno de ellos hizo presencia para solidarizarse con estas agraviadas familias. Hubiera sido un buen detalle, aunque estemos claros del valor de los discursos en plena campaña electoral. Las acciones de solidaridad siempre tendrán un toque de delicadeza que no dejamos de apreciar. Pero no tuvimos la oportunidad de vivirlo.

Mientras estuvimos en las instalaciones de la Policía Municipal, su jefe no asomó la cara, pero le dejamos un documento, que simultáneamente fue entregado en la oficina del Gobernador, del Procurador General de Justicia y del Presidente Municipal. Solo Martín López Montiel, Secretario del Ayuntamiento, fue al encuentro de los manifestantes y los escuchó.

Sucede esto en el marco de serios cuestionamientos al Estado mexicano de parte de relatores de ONU y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Los relatores sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michael Forst; el de libertad de expresión, David Kaye; y el de libertad de reunión, Maina Kiai, exigieron al Estado mexicano parar las campañas de difamación en contra de los defensores de derechos humanos y contra el GIEI que realiza la investigación sobre el caso Ayotzinapa.

El mismo GIEI hizo una declaración pública señalando que la autoridad mexicana actuó por su cuenta y rompiendo un acuerdo con el grupo, al hacer pública su versión del tercer peritaje sobre los acontecimientos en el basurón de Cocula. Por lo tanto, manifiesta que en esa parte de la investigación se reserva toda colaboración y advierte que si la PGR no respeta los acuerdos tomados de antemano, se retirarán del caso de los 43 de Ayotzinapa.

Ahora, parte de la agenda de los familiares con desaparecidos es accionar en el marco del proceso electoral. Están planteando a los candidatos la oportunidad y el encuentro, como dos nuevos elementos de las campañas electorales. Han elaborado una breve, pero contundente Carta compromiso, en la que precisan que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos. En ella se hace énfasis en los derechos que se violan a las personas desaparecidas y se invita a los candidatos a firmar cinco compromisos sobre el tema.

Quizás sea mucho pedir, pero es lo elemental: Promover una legislación integral sobre derechos humanos, en especial sobre desaparición forzada de personas; detener la práctica de la desaparición forzada de personas; resolver durante su gestión los casos que aún esperan por su solución en la PGJE; construir el Instituto Sinaloense de la Memoria, para que nos enseñe a que nunca más debe repetirse el fenómeno de la desaparición forzada; y reparar el daño a las víctimas de la desaparición forzada. Urge otro rostro a las campañas políticas y a Sinaloa. Vale.