La Montaña

SOLIDARIDAD CON EMILIO ALVAREZ ICAZA

Lo que no soporto del mundo

es esta opresión  y esta oscuridad.
Jaime Sabines

Circula entre organismos de la sociedad civil un documento en solidaridad con Emilio Álvarez Icaza, luego de que se iniciara una nefasta campaña en su contra. Por ser uno de sus promotores, lo suscribo plenamente y comparto con ustedes.

Insólito, pero cierto. Emilio Álvarez Icaza fue demandado por un llamado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dirigido por José Antonio Ortega, miembro estrella del grupo de ultraderecha El Yunque. La "razón", dicen, "por un engaño a los contribuyentes mexicanos", equivalente a 2 millones de dólares. Dicha cantidad está relacionada con los gastos que ha implicado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

¿Qué está detrás de esa demanda del 16 de marzo? Sin duda el informe que el GIEI presentó luego de seis meses de investigación sobre el caso Ayotzinapa en octubre de 2015. Hay dos conclusiones contundentes que no le cayeron bien a la autoridad: la "verdad histórica" que la PGR presentó sobre la desaparición de los normalistas quedó cuestionada por el informe  y la necesidad de que comparecieran oficiales del 27 Batallón del Ejército con base en Iguala, Guerrero. El gobierno mexicano aceptaba que comparecieran, pero ante la PGR. El GIEI estuvo de acuerdo si se le permitía estar presente y ampliar las preguntas. Nunca lo aceptó el Estado.

Allí comenzó una campaña de desprestigio contra el GIEI y de descalificación de su trabajo. A falta de razones se argumentó que eran extranjeros,  pues nunca hubo un cuestionamiento  serio sobre su calidad moral y profesional. El gobierno mexicano nos presenta un doble juego. Por un lado estimula la demanda mencionada y por el otro, Roberto Campa Cifrián, Subprocurador General de Justicia, señala que es improcedente. Se da el golpe primero con todo el dolo, atacando una investigación seria, a una noble Institución como la CIDH y a Emilio Álvarez Icaza, y luego dice una autoridad que la desestima.

La campaña contra Emilio se da en el marco de fuertes presiones y acoso contra defensores de los derechos humanos en el país y que ha provocado un activismo febril de muchos grupos de familiares con desaparecidos en su defensa. Incluyendo la impunidad que se cierne sobre todos los casos de desaparecidos en Sinaloa y en México, y el peligroso avance de la práctica de desaparecer a personas. Aún más, cuando se prepara en el Congreso de la Unión un fuerte golpe a los derechos humanos, pues en comisiones ya ha pasado una iniciativa que amplía las facultades del presidente y del gabinete para declarar suspensión de garantías y cuando en el Estado de México se aprobó una Ley que criminaliza los movimientos sociales (Ley Atenco).

La campaña que hoy se enfoca contra Emilio, la CIDH y el GIEI, no solo pretende desacreditar la investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa  y salvar el pellejo de la autoridad ya demasiado cuestionada ante sus fallidas investigaciones. Va más allá: el Estado pretende no renovar el contrato con el GIEI el próximo mes de abril, a pesar de que no ha terminado su investigación, mientras está modificando la legislación para disponer de mayores facultades que le permitan reprimir a los movimientos populares y a sus activistas principales, y, a la par, realiza y/o permite campañas de acoso contra activistas defensores de derechos humanos.

Por lo que desde hoy asumimos que la campaña contra Emilio es el adelanto de una ofensiva mayor contra los movimientos sociales y sus activistas, teniendo a la vista los que reivindican la presentación de los desaparecidos: de los 43 de Ayotzinapa más 27 mil en el País. Por lo que cualquier ataque que atente contra la integridad física y moral de Emilio Álvarez Icaza, es un agravio a las decenas de miles de familiares con desaparecidos en México y a un sinnúmero de activistas que los acompañamos en su incansable vía crucis. Es también una ofensa al pueblo mexicano que anhela vivir en paz. Vale.

Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/
Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com