CEDH Y LEGALIDAD

Ustedes no han desaparecido;

Sus nombres los tenemos con nosotros,

Sus biografías son la historia.

Adrián Ramírez López

Los derechos humanos no son prioridad para el Congreso del Estado. En dos actos se dibuja su actitud hacia este campo: no emitió en tiempo y forma la convocatoria para nombrar al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (ni lo ha hecho) y se le ocurrió otorgar un prórroga de hasta por tres meses a Juan José Ríos Estavillo, actual titular que debió entregar su puesto el día 13 del presente. Para los interesados puede parecer un acto legislativo sin trascendencia, para la sociedad tiene muchas lecturas y no precisamente buenas.

Hablemos de antecedentes. ¿Qué hizo Jaime Cinco Soto cuando terminó su primera gestión? Como el Congreso no había nombrado sucesor ni lo había ratificado, se fue a su casa. Allí esperó la acción del Congreso, que a final de cuentas lo favoreció. En mi caso, la gestión terminaba el 4 de junio de 2007. La Legislatura no resolvió a tiempo el nombramiento del nuevo presidente de la CEDH y, sin mayor trámite, recogí mis papeles y libros, dejando disponible el despacho.

No impidieron que cumpliera con mi salida ni las condiciones de salud en las que regresé ese día como a las 4:30 de la mañana, de aquellos hechos que enlutaron a las comunidades de La Joya de los Martínez y San José de Hornos.  Al siguiente día ya atendía quejas como un miembro más de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (la comisión de los pobres), donde pertenezco desde 1983.

Si el Congreso del Estado no se muestra respetuoso con el mandato del artículo 77 bis Constitucional, no aquilatando la importancia que tiene en este caso el respeto irrestricto a esa legalidad (duración de la gestión) y, por lo tanto, si la CEDH debe ser el adalid de la legalidad (contrapeso del poder), cómo puede jugar ese papel si de origen no hay rigor en su respeto. Se termina la autoridad moral, que es el sustento de toda acción de la CEDH. Hay dos responsables ante la historia por estos lamentables hechos: el Congreso que violenta un mandato Constitucional y Ríos Estavillo, que se presta a ello, y donde la verdadera perjudicada es la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Inclinado a creer en las personas y en sus vocaciones (confesadas), hasta llegué a pensar que Juan José Ríos Estavillo presentaría solicitud de incorporación a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Todos sabemos (y él también) que no cobraría un salario, pero tendría la satisfacción de atender a las víctimas de abuso de autoridad, como lo hacemos los activistas de las organizaciones no gubernamentales. Pero aunque no haya llegado tal solicitud, la seguiremos esperando con paciencia. Por la vocación, pues.

Con o sin esas irregulares en el Congreso del Estado, hay otro reto que tenemos que enfrentar cada sexenio: quienes llegan (o se reciclan) al aparato de Estado, hacen como que ignoran los avances logrados en materia de derechos humanos. Y hay que emular a Sísifo, reiniciando una ardua labor que se había remontado años atrás, para que los nuevos funcionarios presten oídos y atiendan el A, B, C de los derechos humanos.

La sociedad civil no debe permanecer ni con los brazos cruzados ni con los ojos a medio cerrar. Debe ser más activa en la ocupación y defensa de los espacios conquistados. En especial los organismos que se especializan en la defensa de la legalidad. Es bueno que los colegios de abogados se manifiesten en coyunturas de cambio como esta de la CEDH, pero resulta más sano socialmente si son vigilantes permanentes de la transparencia y legalidad de las instituciones.

Y digamos antes de concluir, que hay pendientes tan importantes en materia de derechos humanos, que están pautando la agenda política nacional y la CEDH pareciera sufrir de autismo ante esa emergencia. Estoy hablando de la violencia y sus saldos en homicidios, desaparecidos, desplazados, orfandad, viudez, pérdidas de patrimonio, entre otros. Y la carga del activismo en defensa de las víctimas se ha centrado en los familiares de esas víctimas y en los organismos no gubernamentales de derechos humanos. Su voz abre nuevos derroteros en derechos humanos. El Senado los escuchó en estos días y los gobiernos estatales empiezan a sentarse en la mesa del diálogo. No los dejemos solos. Vale.