DE VIDA O MUERTE

Donde los de arriba destruyen,

los de abajo reconstruimos.

Festival Mundial de las Resistencias

─No puede ser que la desconfianza o la maldad humana, que no debemos decirle así, pero ya lo dije, nos prive a los que no tienen la oportunidad de curarse, porque esto es de vida o muerte. ─Dijo el gobernador Mario López Valdez, en el Foro sobre los hospitales generales que se pretenden construir. Confieso que estuve al punto de las lágrimas, no por la acción planteada, ni por la composición a modo de los panelistas y muchos de los que “hicieron de público”, sino por la pésima argumentación ofrecida de panelistas y por lo mal hilvanados de los discursos oficiales. La tragedia de Sinaloa no es menor. No cabría en La Tempestad de Shakespeare, tampoco en toda su obra.

Se llena el MIA en mucho con el mismo público que atiborra los actos oficiales y el estilo frívolo de una política ya octagenaria y enferma. Pasa Juan Guerra, que bien haría en dedicar esos momentos al problema de los precios del maíz; Frank Córdoba, cuya relación con el tema es la misma que la de Chuy Toño de la Policía Ministerial y otros funcionarios, cuya ausencia de sus oficinas no se justifica. El foro arranca. Y el diputado Hernández Chávez asegura que aquello es un acto democrático, que estamos en tiempos de derechos humanos y que ninguna autoridad podrá sustraerse de ello, ¿de veras?

Y para quienes no comulgamos con las opacidades en el manejo de los dineros públicos o de cómo han funcionado las asociaciones público privadas, el Banco Mundial manda un mensaje de que no se está jugando en ese tipo de negocios, pues tan solo en América Latina el valor de las inversiones de marras alcanza los 87 mil millones de dólares. Eso sí, demanda pertinencia de la inversión, voluntad política para abrirse a las asociaciones mencionadas, que no haya riesgos para los monopolios involucrados y, desde luego, capacidad de pago de la instancia gubernamental que contrata. Menos mal que los monopolios se la juegan al lado de la inversión pública y en beneficio de la sociedad (¿anónima?).

No anda errado el exsecretario de la función pública, Rafael Morgan, cuando señaló en el foro que se aclare bien que si esas inversiones no dejan ganancias atractivas, las empresas luego “tiran el arpa”, dijo. Y en su brevísima intervención no se le escapó aclarar que el pago del IVA del 16% correrá por cuenta del gobierno estatal y aumenta los costos en cerca de 90 millones de pesos por ambos hospitales.

Exceptuando a Morgan, el resto de los panelistas son furibundos partidarios de las asociaciones público privadas (y beneficiarios también), por lo que las argumentaciones no sólo fueron repetitivas, pecaron de ausencia de talento para justificar las inversiones bajo ese esquema. No pasaron de ver como las grandes aportaciones en la asociación, que si se fundía un foco, que si a los baños les faltaba papel, que si falla la seguridad, los contratos obligaban a la empresa a cumplir y que irían corriendo a hacerlo. La calidad del verdadero servicio, los costos en comparación a una inversión pública directa y el costo final para los pacientes no entra en los manidos argumentos de los representantes del Banco Interacciones, del CMIC, Coparmex, NHG y otros organismos similares, incluidos el director del Hospital de Ixtapaluca y el presidente de la Asociación Médica.

Me llamó grandemente la atención el informe que presenta la Secretaría de Salud sobre el estado que guardan los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán. Como para ponerse a llorar de nuevo. El estado lastimoso en que se encuentran no justifica inversiones dudosas ni la opacidad en el uso de los recursos públicos, pero sí invita a una investigación sobre la utilización del presupuesto de salud en los últimos años, que ni por asomo cubrió el renglón de mantenimiento. No se nos puede olvidar que en el arranque del presente sexenio hubo hasta denuncias penales contra los principales funcionarios del área de la salud. Supusimos que los actuales  jefes de salud demostrarían cómo se hacen las cosas bien. Y lo que nos presentan (lo presumen) es el fracaso en la gestión hospitalaria.

Al menos nos queda la duda sobre la supuesta eficiencia en la presente gestión y además exhiben voluntariamente suficiente material para que Antonio Vega, auditor superior del estado, inicie la investigación respectiva. Y debe ser así, pues ya se hizo costumbre pretender justificar lo injustificable, presentando fracasos de la gestión pública que debería obligar a los funcionarios a responder por ello. Lo mismo se hizo con Salinas de Gortari para justificar la venta de Telmex, ¿y hacia dónde nos llevaron?

Y mientras hacemos esfuerzos por asimilar la calificación de malvados, que se lanza desde el discurso oficial a quienes ejercemos el derecho constitucional a expresar desacuerdo, una nueva perla aparece en la malograda gestión estatal: la advertencia amenaza que Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial, lanzó contra el periodista Enrique Gil Vargas. ¡No tenemos para cuando! Nuestra solidaridad para Enrique, para su esposa Mary y para sus hijos. Vale.