AUSTERIDAD VS. POBREZA E INJUSTICIAS

Senza lavoro nessun futuro.

Trabajadores de Italia

Cuando un grupo de discapacitados irrumpió en el Congreso del Estado para solicitar una pensión se nos estrujó el corazón. Eso sentimos porque detrás de esa solicitud hay un mar de cosas que conspiran contra los grupos de personas más vulnerables de la sociedad, como son los casos de indígenas (mayos-yoremes e inmigrantes), adultos mayores, huérfanos y viudas de la violencia y desplazados por la misma causa, entre otros.

Desgraciadamente hay factores poderosos que conspiran en contra de los grupos vulnerables: no existe una concepción democrática desde el poder respecto de los problemas de los grupos vulnerables y por lo tanto no hay políticas públicas que se concreten en programas integrales de apoyo e impulso a esos núcleos sociales que hemos condenado a la supervivencia en condiciones de dudosa dignidad en no pocos casos. El presupuesto, como se sabe, es cobija que no está destinada a la atención de todos los ciudadanos y que en los últimos decenios ha dejado sin protección a estratos sociales cada vez más amplios. Los defensores de que el presupuesto (cobija) no vaya más allá, buscan en el fondo que los grupos privilegiados locales y nacionales sigan disponiendo de gran parte de los recursos públicos (la cobija), sin importar las consecuencias sociales que genere esa situación.

Y como hay escasa influencia ante los órganos de gobierno de las opiniones de la sociedad sobre el manejo y la orientación del presupuesto, la aplicación del mismo obedece más al criterio del gobernante en turno que a las razones que muchas organizaciones hacen llegar al poder legislativo o a las verdaderas necesidades sociales. La negativa a entregar modestos recursos a organismos de la sociedad que realizan trabajo voluntario en renglones de la salud, prevención de conductas antisociales, educación o de defensa de los derechos humanos, sólo es un botón de muestra de cómo se administran los dineros públicos.

Mientras en Europa es ya materia de propuestas en las campañas electorales en Irlanda, España, Francia y Alemania y de discusión en los parlamentos de Irlanda, el País Vasco y Cataluña, la iniciativa de un Ingreso Ciudadano Universal (Renta Básica le llaman), en Sinaloa seguimos pensando que la orientación del presupuesto debe ir hacia los grupos empresariales, y como ningún organismo funciona sin vasos comunicantes que lleven la sangre que lo alimenta hasta el último rincón, nos guardamos de reservar un resto para alimentar la ilusión (no esperanza) de los más pobres: despensas, becas precarias, sillas de ruedas, entre otras cosas.

La idea del Ingreso Ciudadano Universal (Renta Básica) es que todos los ciudadanos sin excepción reciban un ingreso mensual-anual, independientemente de si tienen trabajo o son desempleados, de si reciben altos ingresos o ninguno. Con lo que se resolvería, por principio, un ingreso mínimo que garantice el derecho a la alimentación y necesidades básicas. En este nuevo escenario no hay grupos en situación de extrema vulnerabilidad como los discapacitados que se presentaron al Congreso del Estado y los que, con alto riesgo de su integridad física, nos solicitan apoyo en los semáforos. Esta propuesta de medicina social prevendría situaciones de tragedia como las que viven las familias de quienes son despedidos de su trabajo, y, por qué no, las que viven los más de 25 mil ciudadanos identificados como desplazados de la violencia.

La propuesta del Ingreso Ciudadano Universal implica una reforma fiscal integral, en la que los actuales grupos privilegiados que pagan un porcentaje bajo de impuestos y hasta los evaden en no pocos casos, pero que disfrutan de la orientación actual del presupuesto, tendrían que pagar de manera creciente según el tamaño de sus ingresos. Ahora el fardo mayor de los impuestos descansa en las espaldas de quienes ganan el salario mínimo más un peso en adelante, la clase media, las pequeñas y medianas empresas. Inexplicablemente los grandes, los que se benefician de los rescates bancarios, de las inversiones en carreteras, presas, construcción de escuelas, vivienda popular, etc., esos poco o nada pagan al fisco. En la propuesta mencionada tendrían la responsabilidad fiscal que deben tener: si los pobres pagan hasta el 29% de sus ingresos como impuesto, es natural que aquellos no paguen menos que eso.

Sin querer exigir una reforma de ese tipo cuando ni la discusión ha comenzado en Sinaloa, sí nos atrevemos a decir que los ingresos públicos en el estado bien pueden atender las necesidades que plantean los discapacitados, considerando su propuesta como Pensión Permanente y por  un monto de mil 800 pesos mensuales. No es mala propuesta para hacer justicia a un grupo social vulnerable y dignificar su existencia. No sería mal inicio para avanzar en la propuesta de Ingreso Ciudadano Universal (Renta Básica) de la que ya hay buenas noticias en Europa. Vale.