CRISIS SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Seguimos en deuda con Jorge Aguirre

cuyo caso suma 14 años de impunidad.

La multiplicación de problemas y su des(atención) pintan llanamente el perfil de un gobierno. Aplicada esta verdad, el gobierno de Sinaloa sale muy mal librado. Hablemos en dos planos: la sumatoria de problemas sociales y sus consecuencias y el papel de la autoridad frente a ellos. La desigualdad social en nuestro estado toca niveles preocupantes (más de un millón de pobres entre 2 millones 700 mil habitantes), la violencia se recrudeció a la par de la crisis económica y por nada del mundo ha regresado a los niveles anteriores a 2007, al contrario, recrea fenómenos del siglo XX como los desplazados, complicando la situación que vive la entidad.

El cambio climático ha puesto su granito de arena al arruinar las cosechas del ciclo agrícola invernal de 2011 y 2013, pero el tejido social se vuelve candidato a terapia intensiva ante el fracaso de las políticas públicas estatales y federales. Y las consecuencias no han esperado mucho para manifestarse: incremento de los feminicidios y de muertes por falta de atención médica y por inanición.

Y por si fuera poco, la corrupción en todas las esferas de la vida pública y el modelo de economía y sociedad impuesto desde la década de los ochenta del siglo pasado, que premia el egoísmo y la renuncia a los sentimientos de solidaridad, han envenenado la vida en colectividad y la vocación de servicio comunitario de amplias capas de la población.

Contra todas estas tendencias y la renuncia de la autoridad a ejercer la rectoría económica y social de la nación y de la región, fortaleciendo la peligrosa posición de los grupos de poder privados (grandes empresas trasnacionales y nacionales legales e ilegales), han surgido instituciones de carácter no gubernamental que defienden y promueven los derechos de ciudadanos en las más variadas materias que son espacios vitales para la vida en sociedad: comisiones de derechos humanos, organismos que promueven la equidad de género, grupos que exigen un medio ambiente sano, observatorios de participación ciudadana, fundaciones que sensibilizan a la sociedad y al Estado sobre la atención a niños con cáncer y con capacidades diferentes y defensores de los derechos de los animales, entre otros.

Reconociendo el valor social y el trabajo desarrollado por estas instituciones, el Congreso del Estado había dado un gran paso adelante al destinar modestos renglones del presupuesto para ayudar al sostenimiento de las oficinas de dichas organizaciones. A pesar de que esta labor en las distintas esferas de la vida social no sólo cubre las omisiones y errores cometidos por la autoridad, sino hace llegar al Estado en forma de recomendaciones y críticas públicas las medidas a tomar que enmienden las faltas y resuelvan los problemas que padecen los sectores más vulnerables, a pesar de todo ello, los apoyos fueron flor de un día. El Poder Ejecutivo desacatando un mandato del Poder Legislativo simplemente se negó a entregar esos limitados recursos el año 2012 y para reafirmar su fobia por los organismos no gubernamentales, no contempló en la propuesta de presupuesto de egresos 2013 renglón alguno para ese fin. Lamentablemente esa actitud encontró eco en el Congreso del Estado.

Los esfuerzos desde las comisiones de derechos humanos no gubernamentales seguirán en pie, esperando que los del resto de instituciones se mantengan; pero no podemos cerrar los ojos a una realidad que exige recursos para desarrollar trabajo y que sin ellos muchos proyectos (y sueños de mejorar la convivencia social) quedan truncados. Las calamidades señaladas arriba, multiplicadas por los abusos de autoridad, alcanzarán una nueva magnitud frente a la negativa de apoyos y una equivocada concepción gubernamental que cree que desarrollo social sólo implica aumentar la producción de bienes y repartir entre los más pobres algunas despensas como señuelo de combate a la miseria.

Muchos de los organismos no abandonaremos nuestra misión de defensa de los espacios democráticos de la sociedad, pero las condiciones de indigencia a que nos orillan las autoridades malovistas, hacen más difícil el trabajo y vuelven más complicados los logros. Ojalá corrijan las políticas hacia los organismos no gubernamentales. Esperamos que los fracasos observados en las regiones donde la violencia ha provocado zonas de exclusión y de expulsión de desplazados y de escuelas donde el fenómeno violento cobra un creciente número de víctimas, hagan reflexionar al gobernador Mario López Valdez, sobre la importancia del trabajo que se realiza desde los organismos no gubernamentales y que reconozca que en un Estado de derecho democrático, como define la Constitución local a nuestro sistema jurídico-político, no sólo caben todos los organismos no gubernamentales, sino que son imprescindibles para que ese Estado de derecho democrático alcance plena vigencia. Vale.

Felicitaciones para José Luis López Duarte por su renuncia al puesto de gobierno, pues con ello recuperamos al valioso activista social.