DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Nos sucede que el mundo –no sólo el mundo- se complica,

se amarga, se vuelve de repente un niño sin cabeza.

Jaime Sabines

─Hay años que rompen la continuidad histórica. La prolongan y la proyectan, pero permanecen como años clave en los que los acontecimientos parecen confabularse para significar, en el presente, pasado y porvenir−. Dice Carlos Fuentes cuando se refiere a 1810 y a la dimensión histórica que entraña para América Latina. La misma trascendencia considera para el año 1848: Europa vive una segunda parte de la Revolución de 1789. Este  encontronazo entre privilegiados y excluidos dibujará el nuevo rostro de aquel continente en el marco de la industrialización y las consecuencias, buenas y malas, que ello entraña.

Bajo ese mirar histórico abracemos 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de aquel año, se convierte en un hito en la historia de la humanidad. La Declaración también rompió la continuidad histórica porque se convirtió en referente obligado para los nuevos estándares de convivencia entre gobernantes y gobernados. Las tragedias y dolores que la II Guerra Mundial trajo no eran poca cosa como para que la humanidad no estableciera un marco de respeto a las personas como seres humanos y como ciudadanos, independientemente de raza, color, nacionalidad, credo religioso, ideología o sexo.

No fue un proceso rápido y sin tropiezos, pero sí un caminar donde la voluntariosa humanidad no ha dejado de insistir en el cumplimiento de los logros primarios, mientras replantea otros espacios imprescindibles para la convivencia civilizada y para dimensionar la dignidad del ser humano de acuerdo a nuestra nueva realidad. Con todo, 65 años después de la Declaración, remando contra la corriente conservadora mundial se han logrado los documentos siguientes: Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; además de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y la Convención y protocolo sobre el estatuto de los refugiados, entre otros.

No es tiempo de batir palmas por los logros obtenidos, pues la unidad, la universalidad y progresividad e imprescriptibilidad de los derechos humanos son puestas en duda por no pocos Estados, sobre todo en estos últimos años, en los que se ha profundizado en contrarreformas que lastiman seriamente los derechos laborales, a la salud, a la alimentación, a la educación y a la vivienda de los trabajadores y de sus familias. Sin olvidar lo que en materia de seguridad se ha hecho.

Llama la atención el Examen periódico universal aplicado a México en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el pasado 23 de octubre. Nuestro país acumuló mil 800 quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo al organismo Artículo 19 entre 2009 y 2012 se lamentaron 36 asesinatos a periodistas, seis desapariciones, 23 privaciones de libertad y 32 ataques con armas de fuego a medios. Los defensores de derechos humanos sufrieron 149 agresiones de diferentes tipos y gravedad. Tan solo en 2011 cuatro defensores fueron asesinados. Para marzo de 2014 se comprometió el Estado mexicano en ofrecer una respuesta a los cuestionamientos hechos por los países miembros del Consejo. Esperemos que la respuesta contemple medidas y mecanismos para encaminar soluciones a esos problemas.

No sabemos que responderá México, pero sí adelantamos que no será fácil explicar que la nueva legislación laboral deja indefensos a los trabajadores en la contratación y en los despidos y que las prestaciones sociales, sobre todo la pensión jubilatoria es ya un asunto del pasado. Tampoco tendrá muchos elementos el Estado mexicano para justificar que la educación no será un derecho de todos y que los pobres irán rezagándose aceleradamente en este terreno. No creemos que a la comunidad internacional le pase desapercibido junto al crecimiento de los pobres, el Estado incrementó los presupuestos en seguridad en lugar de privilegiar el gasto para combatir a la pobreza y la marginación.

Y mientras se prepara la respuesta para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿cómo atender las urgencias que nos dejan la violencia, el crimen organizado, la crisis económica y el ciclón Manuel? ¿Ignoramos al millón 200 mil desplazados que hay en el país ahora, cómo lo hicimos con los 100 mil de Sinaloa durante la Operación cóndor? No creo recomendable prolongar la situación de abandono que viven los damnificados de Manuel. Sólo promesas de ayuda y ésta no llega. Una atención digna para esos sectores vulnerables se impone hoy. El Estado puede tener limitaciones económicas y de otro tipo, pero la voluntad para ver los asuntos con filosofía de derechos humanos, es la condición imprescindible en estos momentos si se quiere mantener la gobernanza. Vale.