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COMPROMISOS DE LA CDDHS Progresar produce descontento: más insuficiencias que
medios para atenderlas. Sabia conclusión de la jornada del XXX aniversario de la
CDDHS: visibilizar los problemas centrales de los grupos más vulnerables. Sí,
ponerlos en la agenda pública para sentar a la autoridad a considerar su
solución en serio. Es la alternativa para los amplios sectores sociales que
viven en las zonas rurales más pobres, en los cinturones de miseria urbanos y,
desde luego, para las comunidades indígenas. Después de
esta exitosa semana de eventos expresamos nuestra gratitud a las facultades de
derecho de la UAS de Los Mochis y Mazatlán y a la Preparatoria Central Diurna
(mi centro de trabajo), por todas las atenciones y complicidades prestadas para
que brillaran las conferencias programadas. Con su esfuerzo y el de Juan
Navarrete del Instituto Interamericano de Derechos Humanos fue posible culminar
con éxito las tareas conmemorativas. De todo lo
que atendimos, escuchamos y compartimos durante la jornada, vale la pena
destacar lo vivido en el Centro Ceremonial de Charay,
El Fuerte. Con la presencia de varios cobanaros
(gobernadores), ex-cobanaros, líderes naturales,
fiesteros, profesores bilingües y gente del pueblo mayo-yoreme,
tuvimos una recepción como sólo puede darla ese pueblo originario cuando ha
vivido inquietudes y luchas junto a los que recibe. En el marco de una distinción
dedicada a Juan Navarrete, quien ya había estado con la comunidad mayo-yoreme, de danza del venado y pascolas,
se desarrolló un encuentro donde destacan las denuncias por los terrenos
comunales que le han arrebatado a la comunidad de El Pochotal,
el cercamiento de las riberas del Río Zuaque o Río
Fuerte (sagrado para el pueblo mayo-yoreme), la
explotación de materiales de construcción donde se ubican centros ceremoniales,
los problemas educativos, la ausencia de respeto a los usos y costumbres para
el nombramiento de autoridades, entre otras. Uno de sus
representantes señaló que Sinaloa es uno de los dos últimos estados que no
cuentan con Ley indígena en México y que ello da una idea del trato que las
autoridades dispensan en todos los terrenos a la población originaria de
Sinaloa o inmigrante. Como no hay Ley indígena no se ha elevado a rango
constitucional el derecho a la representación del pueblo mayo-yoreme en el Congreso del Estado, donde hay comisión de
asuntos indígenas ocupada por representantes ajenos a las comunidades
originarias. Reclaman que
el Estado les impone los criterios establecidos en la Ley del IFE en el
nombramiento de autoridades, haciendo a un lado usos y costumbres, en los que
privaba el derecho de los guerreros a nombrar a sus autoridades,
independientemente de su edad; en tiempos de paz (como ahora) ese derecho deben
ejercerlo los fiesteros (los músicos), pero como la Ley dice que sólo los
mayores de edad votan, muchos músicos se quedan sin ejercer su derecho por no
haber cumplido los 18 años. Ellos dicen que el corazón de la vida indígena es
la fiesta. Sin fiesta no hay yoreme. Y reclaman el
derecho a elegir a sus autoridad bajo los cánones prehispánicos que nunca les
dieron motivos de reyertas por algún fraude como los que hacemos los yoris (blancos y mestizos). Manifiestan
que en la escuela primaria disponen de la enseñanza de su lengua (el mayo) de
la que están orgullosos, pero cuando llegan a la escuela secundaria asisten
junto a estudiantes yoris,
donde se enseña el idioma inglés, enfrentando serios problemas por
discriminación, pues el resto de alumnos llevaron inglés en la primaria y ellos
no. Al manifestar total ignorancia de un idioma desconocido, aparecen como los
"retrasados", los "indios", mientras de su lengua ya no se
acuerdan los programas educativos. Pocos son los
mayos-yoremes con acceso a la seguridad social
verdadera, muchos los que están al margen de ella. A gritos piden una
alternativa para resolver los problemas más elementales de salud: un hospital
en el Valle de El Fuerte a donde puedan ocurrir, se les dé trato digno y se
promueva también la medicina tradicional que tantos problemas les ha resuelto
en ausencia de un sistema de salud. Estos y otros
problemas son del pleno conocimiento de las instancias gubernamentales, que no
han dedicado presupuesto para atenderlas. En circunstancias como las descritas
tampoco van a voltear a verlos, están muy ocupadas con los sectores sociales
que si hacen ruido en las ciudades. Por eso se requiere buscar otros medios efectivos
para que los vean y los escuchen. El pueblo
mayo-yoreme nos dio la pauta: solicitar una Audiencia
Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer los
casos más graves; como a esas audiencias asisten representantes del Estado
mexicano, tendrán que verlos y escuchar sus quejas, y, en el mejor de los
casos, comprometerse ante aquél organismo de la OEA a establecer políticas
públicas que alivien en algo su preocupante situación. Un firme
compromiso nos echamos a cuestas al final de la reunión. Juan Navarrete y los
miembros de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa
promoveremos nuestros buenos oficios ante Emilio Álvarez Icaza, Secretario
Técnico de la CIDH, para lograr esa anhelada audiencia. Que valgan los derechos
del pueblo mayo-yoreme y una amistad forjada a base
de mucho trabajo y sacrificio común con Emilio. Vale. |