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CDDHS 30 AÑOS 1
Está hecha de sufrimiento, de angustia, de desesperación. Javier Sicilia En medio el
dolor y la esperanza abrimos una nueva página en la historia de Sinaloa. Fue el
15 de noviembre de 1983, culminación de meses de trabajo. Los antecedentes eran
heroicos. Las Madres con hijos desaparecidos y los jóvenes universitarios
dieron cuerpo a un movimiento que reclamó la Amnistía para los presos,
perseguidos, exiliados y desaparecidos por motivos políticos. El 1° de
septiembre de 1978 esa Amnistía fue realidad, aunque en materia de
desapariciones forzadas sólo haya entreabierto la puerta de la solución de
todos los casos. Cinco años después constituimos la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos en Sinaloa. La
repatriación de los exiliados, la liberación de los presos, el regreso de los
perseguidos y de algunos desaparecidos dio un nuevo empuje a la lucha social en
México. Pero se abrían también nuevos retos: cómo enfrentar los daños que
dejaba la guerra sucia del Estado contra los movimientos sociales y la
Operación Cóndor que "diseñada" contra el narcotráfico, dejó una
estela de más de 100 mil desplazados en Sinaloa y cerca de dos mil comunidades
rurales que desaparecieron del mapa y de los censos de población para siempre. Por esas
razones y en esas circunstancias nos constituimos en Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos en Sinaloa y empezamos a trabajar en dos grandes frentes: la solidaridad con el movimiento por la presentación de los
desaparecidos políticos y la atención de las quejas que presentaban numerosos
ciudadanos por lo que consideraban violaciones a sus derechos humanos. En ese
grupo constituyente estaban Norma Corona, Jesús Michel Jacobo, David Moreno
Lizárraga, Rubén Rocha Moya, Carlos Gilberto Morán Cortés, Manuel Osuna Zataráin, Rafael Cabrera Cortés y Oscar Loza. Uno de los
primeros casos que atendimos fue el de José Antonio Núñez Villarreal, joven
albañil que fue detenido por la ilegal policía de la Dirección de gobierno de
Sinaloa. Lo acusaban junto a otros tres muchachos de asaltar camiones
repartidores de refrescos. No tenían pruebas, pero les sobraba el recurso de la
tortura para "investigar". Los golpes no lo hicieron confesar lo que
no había cometido, pero obligaron a los policías a llevarlo de emergencia a la
Cruz Roja para que fuera atendido de las consecuencias que había dejado la
tortura. La benemérita institución no lo quiso recibir por lo grave de su
estado y les recomendó llevarlo a un hospital. Semanas estuvo debatiéndose
entre la vida y la muerte en un pabellón del Hospital Civil en 1984. El caso Núñez
Villarreal fue tomado por Amnistía Internacional, que reclamó castigo a los responsables y legislación en materia de tortura. Esta
Institución humanitaria puso en manos de la víctima 400 dólares como apoyo para
sus curaciones. El gobernador Antonio Toledo Corro encubrió en todo lo que pudo
a Roberto Robles Rendón, su funcionario torturador. No pudo evitar el escándalo
ni las polémicas en el Congreso del Estado sobre el caso; obligado a dar una
respuesta lo hizo renunciar a la Dirección de gobierno, pero le encontró
acomodo en la policía judicial. Mientras José Antonio quedaba incapacitado
físicamente para ejercer su oficio de albañil y para reproducirse como ser
vivo. La demanda de
atención a quejas y peticiones de ciudadanos nos obligó a tener un domicilio.
Norma Corona ofreció su despacho para esa labor y para muchas reuniones en el
viejo edificio donde aún estamos: en el 475 norte de la avenida Andrade esquina
con Ángel Flores, pero en el despacho número cuatro. Treinta años
después, bajo el creciente peso de la responsabilidad de ser pioneros en la
defensa de los derechos humanos y de los compromisos establecidos en el acta
constitutiva, mantenemos abiertas las puertas de nuestras oficinas. El trabajo
ha entrañado todos los peligros y riesgos que una lucha consecuente por los
derechos humanos entraña. Hemos padecido la persecución y las amenazas en
diferentes momentos sin que ello nos incline a cerrar las oficinas. El dolor
más grande que se pueda sufrir en un organismo es la pérdida de un compañero. Y
nosotros hemos perdido en estos treinta años a Norma Corona, Jesús Michel y a
Jorge Aguirre en pleno trabajo de defensa de los derechos fundamentales.
También lamentamos que Carlos Gilberto Morán haya sido asesinado años después
de retirarse a la vida privada. No tenemos
recursos para llevar a cabo grandes conmemoraciones. Pero hay un servicio
realizado a la sociedad en todos estos años que no puede pasar desapercibido el
próximo 15 de noviembre: los trabajos en penitenciarías (de los que somos
pioneros en el país), con los jornaleros agrícolas, con los indígenas, con las
mujeres, con los jóvenes, con las víctimas, con los desplazados de la
violencia, con los migrantes compatriotas en Estados Unidos y con los grupos
sociales más vulnerables de la sociedad. Esas hermosas páginas de la historia
local y del país estarán presentes ese día y siempre. Ellas fueron motivo y
causa de un movimiento humanitario y son ahora (como el primer día) nuestra
razón de ser. Vale. |