SEGURIDAD EN UN ESTADO FALLIDO

El mar se mide por olas,

el cielo por alas,

nosotros por lágrimas.

Jaime Sabines

Las noticias de estos días han sido abrumadoras. Cada una golpea el corazón y la memoria colectiva. Imposible volver la vista hacia otro lado sin traicionarnos a nosotros mismos. Me refiero a la muerte violenta de Joan Sebastian de tres escasos años que fallece el pasado 10 del presente en su casa. Un policía que perseguía a un presunto delincuente accionó su pistola hiriendo de muerte al menor.

Sin salir del asombro por la tragedia del niño, el domingo 13 madruga para arrojarnos sin misericordia otra dolorosa información: la muerte violenta del joven biólogo Diego Antonio Espinoza Leyva y de su primo Irak y poco después la desaparición del licenciado Juan Carlos Castro. Razones no faltan para darle sustento al sentimiento humano que rechaza estos crímenes y que se pregunta, ¿dónde está la autoridad en momentos como estos?

Imposible permanecer callado ante la muerte del menor, ajeno a los intereses y errores de los mayores, mientras disfrutaba de la paz en su humilde hogar. Imposible el silencio ante el homicidio de Diego Espinoza, quien fue solidario como pocos junto a su familia con el movimiento de derechos humanos. Su Grupo Cantores (trova y música de protesta) siempre estuvo presente en nuestros actos públicos. Imposible frenar las emociones encontradas al saber de la desaparición de Juan Carlos Castro y el alto riesgo de que pierda la vida.

Es preocupante la parálisis que va ganando al Estado, al punto de verse como un buque que hace agua ya por debajo y por encima de su línea de flotación, ante la mirada perpleja de una tripulación incapaz de dar una respuesta coherente al problema. Lo afirmo porque a pesar de otras tragedias causadas por las fuerzas policiales, como la de Bamoa el 6 de julio del año pasado, en la que salieron heridos tres niños por las imprudencias de una patrulla del grupo Elite y uno de ellos quedó postrado en silla de ruedas, a pesar de ello no se establecen cambios en los reglamentos y prácticas policiacas. Han pesado más las razones autoritarias que justifican la “mano dura” que los protocolos del uso de la fuerza por los funcionarios públicos que son policías. Y las consecuencias lamentables están ahí, frías, irreversibles y dolorosas.

Sobre la muerte de los jóvenes Diego e Irak, mucho hay que decirle a la autoridad estatal y municipal. Qué bueno que ya no nos repitieron la socorrida declaración de que “por algo los mataron”. Seguramente no encontraron expediente alguno con antecedentes administrativos o penales y no pudieron criminalizar a las víctimas. Hubiera sido mucho cinismo. Pero ahora, cuando el dolor y el coraje aún se vuelven torniquete en nuestra lastimada garganta, queremos cuestionar a voz en cuello: ¿dónde ha quedado el reglamento municipal sobre el funcionamiento de antros? Estos tenían que cerrar a las 2 de la mañana hasta hace poco, pero los intereses privados pudieron más y se dio tolerancia de otra hora; aun así, es bien sabido que no pocos centros nocturnos cierran hasta las 6 am, como  el “Mala noche no” donde fallecieron Diego e Irak.

¿Ya no tenemos autoridad capaz de controlar los centros nocturnos? A nivel municipal se ve muy claro que las jefaturas de inspección y vigilancia no tienen la fuerza y presencia necesarias para imponer autoridad. Muchos desaguisados han trascendido entre los inspectores y los encargados de los antros, siendo perdedores aquellos. Pero la autoridad estatal tampoco pinta huella. El control de la venta de alcoholes está en esa oficina especializada a nivel del estado. ¿Qué ha hecho para evitar la venta de vinos y cervezas en horas que van más allá de las horas autorizadas?

Una de las razones de mayor fuerza fue que se reglamentaba el cierre de los antros a las 2 am, porque los actos de violencia se presentaban principalmente a partir de esa hora. No creo necesario escuchar nuevas “razones” de la autoridad paras justificar las ampliación de horario y la tolerancia que le da el “plus” a los centros nocturnos hasta las 6 am, con los dolorosos hechos basta para entender lo que se nos haya escapado en otras circunstancias.

Estos hechos nos obligan a hacer repaso de las tareas que tenemos por delante autoridad y sociedad. Nos preguntamos si las autoridades habrán hecho análisis de las fallas repetidas en las que han incurrido al caer en el uso indebido de la fuerza. Lo dudo sinceramente. Y ello lleva a la conclusión a la conclusión anticipada de que más temprano que tarde se pueden repetir esos errores tan costosos socialmente. En este hermoso y sufrido Culiacán, ¿qué pasará? El Cabildo ya está haciendo maletas para entregar la administración y el próximo cuerpo de regidores desempacará hasta el mes de enero. Improbable que la administración presente le entre al problema y muy seguro que la próxima lo vea como un asunto frío y lejano. Por el bien de la sociedad, ojalá me equivoque.

Pero hay responsabilidades que la sociedad debe asumir. El avance del crimen organizado, sus secuelas y la corrupción oficial están acorralando a la sociedad. Y ésta no puede cruzarse de brazos. De manera organizada debe exigir control ciudadano de los actos de autoridad, respeto pleno al Protocolo sobre el uso de la fuerza por las policías y aplicación de los reglamentos municipales y del estatal sobre el funcionamiento de los antros y ventas de bebidas alcohólicas.

Es lo menos que podemos hacer en desagravio de las víctimas que ya cobraron las acciones y omisiones lamentables de la autoridad. Y nos urge hacerlo para evitar que la sociedad siga pagando el alto costo en vidas humanas. Vale.