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EL DILUVIO Y LOS DERECHOS HUMANOS La desigualdad es un producto de la política
gubernamental Y después del diluvio, ¿qué? Manuel (huracán cómplice de la crisis que ya
rondaba el territorio nacional), ha dejado a su paso saldos materiales que
debemos reconstruir y tragedias de cientos de miles de damnificados que debemos
atender. No será una cosa fácil y menos en el marco de una crisis que vuelve a
encontrar tropiezos este 2013, como lo manifiesta el más reciente pronóstico
del Banco Mundial que ubica el crecimiento de la economía en 1.2% para este
año, contra la estimación primera de 3.5%. Más de un millón 200 mil damnificados
esperan una respuesta sensata. Los recursos disponibles para atender la emergencia que resultó de las
tormentas Ingrid y Manuel tienen un límite que raya en la tragedia: 12 mil
millones de pesos frente a daños calculados en más de 75 mil millones (antes de
las cuentas definitivas). Cuando Peña Nieto reconoció en medio del drama que no
se contaba con recursos suficientes, observamos a un Estado al que le gana la
fatiga y no apuesta a encabezar la gestión de los remedios inmediatos, ni busca
los recursos suficientes para una completa reconstrucción nacional. Es cierto que se ha prometido pellizcar a renglones presupuestales
etiquetados para diversos fines, pero habrá que ver hasta dónde se estirarán
esos recursos; también se contempla la posibilidad de recurrir a préstamos con
instituciones internacionales de crédito. El problema de la reconstrucción es
tan grande que no se descarta que en el presupuesto de 2014 se contemple
recursos para continuar la reconstrucción. Con todo, creo que hay una disparidad entre lo que ve y hace la sociedad y
las acciones del Estado en sus diferentes niveles. La sociedad no sólo
reaccionó en tiempo y forma, lo sigue haciendo para evitar problemas de
hambruna en las zonas más críticas y para la recuperación de la vida normal en
otras. El Estado en cambio, habiendo declarado la emergencia, no ha obrado en
consecuencia. Más allá de la aplicación de algunos recursos (que fluyen muy
lento) y de la gestión de otros, no ha entrado en la dinámica de revisar toda
su actividad y parar las inversiones de obra pública que no sean
imprescindibles en este momento y reorientarlas hacia la reconstrucción. Muchos ciudadanos empiezan a cuestionar públicamente por qué después de la
tormenta se inicia la remodelación del Parquecito que está al pie de La Lomita,
¿por qué no dedicar esos recursos a la reconstrucción?
Dicen. Igual opinan sobre los dineros con que se modificará el estadio Ángel
Flores, pues son reservas públicas. Como estas pueden entrar en la revisión
muchas otras obras, si queremos imprimirle un rostro muy humano a la
reconstrucción. Y las reservas internacionales que se amontonan en las bóvedas
del Banco de México, que alcanzan ya los 172 mil millones de dólares también
deben servir para aliviar la situación de los damnificados, es tiempo de
desmitificar ese ahorro nacional que hasta hoy centralmente ha servido para
saciar los apetitos de especuladores de nuestra moneda nacional. En el camino a la reconstrucción nacional hay puntos para una agenda en
donde la política del
Estado puede acercarse a los intereses de la ciudadanía y a sus derechos
humanos. Anoto algunos: espantar los riesgos de hambruna y epidemias en las
zonas más golpeadas por las tormentas Ingrid y Manuel, ofrecer techo a las
familias que lo perdieron y su condición social no les permite volver a
construir a corto plazo, concretar alternativa de reubicación para
asentamientos de alto riesgo, empleos permanentes (los pocos que se ofrecen
duran 3 semanas) para las zonas más afectadas por las tormentas tropicales,
garantizar que los recursos destinados a reconstruir la planta productiva
afectada lleguen en tiempo y forma y suficientes para mantener el nivel de
empleos que ya tenían, y poner de nuevo en las manos de los niños los textos y
útiles escolares que perdieron en el diluvio de estos aciagos días de
septiembre pasado. Nadie duda sobre la necesidad de la reconstrucción nacional ni la que debemos
emprender en Sinaloa, pero sí hay certeza en muchos ciudadanos sobre las
limitaciones institucionales para llevar a buen
término esa enorme tarea. Hay que cerrarle el paso a la corrupción y a los
intereses monopólicos que nunca faltan. Tres elementos pueden ayudar a
encaminar el Plan de reconstrucción nacional y estatal: la garantía de una
amplia participación ciudadana en su conducción y vigilancia, erradicando toda
opacidad en el proceso y si se realiza una evaluación pública de la
reconstrucción el próximo 24 de junio de 2014. Vale. |