DESASTRES NATURALES E INSTITUCIONALES

El más amplio reconocimiento para la masa de jóvenes

que ofrecieron su fuerza, recursos y tiempo a los damnificados.

Dos pinceladas dibujan el rostro de Sinaloa al paso de la tormenta Manuel. Una es la masiva, eficaz y pronta acción de la sociedad civil ante la tragedia que dejaba el ciclón y la otra las graves debilidades que mostraron las instituciones antes, durante y después de esos momentos. Los jóvenes no esperaron ninguna llamada desde fuera de su generación, unos salieron de inmediato de sus casas con la idea de apoyar a las familias que viven en las zonas críticas, mientras en la calle ya estaban otros jóvenes con la misma iniciativa. Muchos otros cruzaron mensajes a través de las redes, para convocarse a las tareas de rescate de personas en alto riesgo de ser arrastradas por las violentas corrientes de agua desbordada.

Desde los primeros momentos de la emergencia las debilidades del aparato estatal quedaron al desnudo. Ignoramos que tanta información alimente su banco de datos sobre los puntos críticos que marca el atlas de riesgos en el estado de Sinaloa, pero con poca o mucha información y ante la inminencia de inundaciones, no hizo presencia anticipada en dichos lugares, exceptuando casos como Yameto en Navolato. Las horas posteriores al paso de Manuel, dejaron en claro las graves limitaciones y debilidades que el Sistema Estatal de Protección Civil tiene.

Es cierto que la prioridad del día es continuar con la atención de las necesidades básicas de los 175 mil damnificados que nos dejó Manuel, pero hay que dejar el espacio necesario para el recuento de los errores que hicieron mayor el sufrimiento de nuestros conciudadanos. Preguntémonos por qué si el Servicio Meteorológico Nacional envío a tiempo la alerta temprana a la que está obligado, sobre la formación de dos sistemas de baja presión que podían desembocar en fuertes tormentas, no se tomaron las precauciones debidas. El sistema de protección civil del estado nos puede decir que el día 12 de septiembre el fenómeno del pacífico al que se llamó Manuel estaba a gran distancia de Sinaloa en esa fecha. El menosprecio a Manuel también vino de la autoridad en el estado de Guerrero. Y ello multiplicó el dolor de quienes sufrieron los embates de la tormenta tropical.

Allá priorizaron la fiesta de la independencia. Acá en Sinaloa, a pesar de la dirección errática de Manuel, que dañó las costas de Michoacán y Colima, y se proyectaba sobre Baja California Sur y de contar con la información de la cercanía del primer frente frío de la temporada (lo que podía hacer virar la ruta y la velocidad de la tormenta), el abc que establecen la Ley General de Protección Civil y la Ley Estatal de Protección Civil no fue atendido. No hay mucho que agregar al respecto, salvo mencionar que al venirse el mundo de agua, cuando todo se necesitaba en mil lugares, las fuerzas y recursos disponibles fueron demasiado pequeñas para el tamaño de la emergencia.

Nada podía disminuir en esas circunstancias la fuerza con la que se manifestó Manuel, pero sí se podía mitigar (es el verbo que utilizan las leyes de protección civil citadas) la crisis que se miraba venir, de atender esa legislación tardía (2012 una y la otra 2013) que aún no repercute en la manera de pensar, menos en la forma de actuar de nuestras autoridades. Nada puede disculpar las omisiones y negligencias acumuladas. Tenemos experiencias en desastres naturales desde hace muchos años, pero la memoria ha sido omisa, no hemos legislado ni hemos promovido la cultura de la prevención. ¿El terremoto de 1957 y el ciclón que arrasó con el puerto de Altata en esas fechas qué enseñanza dejaron? El sismo de 1985 estimuló una cultura de prevención, pero sobre todo en la ciudad de México.

Luego de las inundaciones terribles en Tabasco y Chiapas, la comisión de protección civil de la Cámara de Diputados urgió a crear una ley en la materia en 2011 y a elevar el presupuesto para la atención de desastres. Se legisló al año siguiente y si bien se elevó el raquítico presupuesto de 900 millones de pesos a los actuales 12 mil millones, no se tomó en cuenta que los daños por esos eventos para aquel año ya se estimaban entre 40 y 50 mil millones de pesos. Muy desproporcionados presupuesto y necesidades. ¿Por qué ese criterio, mientras que para el rescate de bancos privados en 2011 pagamos 16 mil 664 millones de pesos?

Hay que empujar desde la sociedad civil la mejor salida que las circunstancias nos permitan para la emergencia que se vive en al menos 14 estados del país, pero algunas tareas no pueden dejarse para otros tiempos mientras tanto: el presupuesto de 2014 debe reflejar un rostro más humano (no puede seguir teniendo mayor prioridad el pago a un puñado de banqueros que la salud y seguridad de los cientos de miles de compatriotas que cada año padecen los desastres naturales); hay factores que agudizan las consecuencias de los desastres naturales (corrupción, complicidad y omisiones) y los responsables de ellos no pueden quedar en la impunidad como siempre, si no queremos repetir luego las dolorosas historias prevenibles.

El anunciado Plan de reconstrucción nacional debe llevarse a cabo en serio, pero no puede tener el perfil de las inversiones del FONDEN pasadas, donde el principal renglón lo absorben contadas compañías a las que se adjudican las licitaciones de obras, resultando premiadas por trabajos anteriores cuya calidad las tormentas tropicales han dejado en duda. La sociedad civil ha dado una nueva dimensión al concepto de solidaridad frente a un Estado que padece apoplejía, ojalá también lo logre en materia de organización y participación de la vida pública. Ojalá.