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TRIBUNAL SOCIAL VIII

El Estado no tiene derecho a juzgar ideologías,

ni mucho menos a hacer políticas públicas contra quienes las sustentan.

Tribunal Social


El Tribunal social Culiacán 30 de agosto fue un éxito. Antes de nacer ya tenía dos logros en su haber: llamó la atención de sectores importantes de la sociedad sinaloense y empujó la reforma al Código Penal que crea la figura de la desaparición forzada el pasado 26 de julio.

No sabemos que se dirá mañana sobre este tribunal de conciencia, pero ya podemos sacar algunas conclusiones para el presente: la condena moral que hizo de las desapariciones forzadas, sepulta todo intento de borrar la memoria de los hechos analizados y nos enseña que rescatar esa memoria es hacer justicia a todos los desaparecidos. Su contundente veredicto es índice de fuego contra la autoridad omisa y cómplice en las desapariciones forzadas. El tribunal atrajo simpatías del pueblo, a familiares que por miedo no denunciaban casos de desapariciones y ciudadanos que colaboraron en los trabajos de organización. Nada mal en tiempos de desmovilización.

Quedan algunas estampas para la posteridad. Leonel Aguirre exponiendo con una oratoria sin arrebatos, cuidando cada frase y cada afirmación; haciendo énfasis donde quería destacar un hecho, una acción del Estado que violentaba derechos humanos o una reivindicación de familiares o de activistas reclamando la presentación de los desaparecidos. Y sus peticiones ante el jurado para que condenara al Estado como responsable del delito de desaparición forzada y se le exigiera detener dicha práctica.

El emotivo testimonio de Miguel Alapizco, quien naciera en cautiverio en los tormentosos días en que su padre moría a manos de agentes de la Dirección Federal de Seguridad y su madre, viuda ya y en calidad de desaparecida, sobrevivía pariéndolo, para apostar a la incierta posibilidad de libertad. Las palabras de Abraham Hernández, padre y tío de los muchachos de Las Quintas. Hace 17 años de su desaparición, pero el recuerdo cálido y la emoción del padre nos hicieron sentir que los hechos fueron apenas ayer.

Doña Sandra Hernández mostró lo difícil que resulta para una madre abordar el problema de la desaparición forzada de un hijo. El arranque de su exposición fue traumático. Estaba frente a una audiencia popular interesada en el tema y ante un jurado que representó la conciencia de nuestro pueblo. Ellos le dieron las fuerzas para exponer su caso, cuestionar las omisiones de la autoridad y para reclamar a voz en cuello por la justicia para todos los casos de desaparición forzada. Y cerró la participación de los testigos doña Alma Rosa Rojo. Su voz llevaba la emoción que nos dejó Sandra y fue ganando al auditorio al relatar el caso de su hermano. El primer investigador muere violentamente, el segundo sufrió un atentado que lo dejó maltrecho y sin ganas de seguir con el caso. El ADN que por dos ocasiones se ha realizado a un cadáver resultó con serios cuestionamientos. Y la Procuraduría poco tiene que informar sobre avances después de cuatro años.

Familiares, activistas de derechos humanos y pueblo de Sinaloa han sentado un precedente muy importante en materia de lucha social: el Tribunal social frente a la desesperante impunidad. Rocío Culebro, Raúl Ramírez y Gilberto López y Rivas (el jurado), interpretaron correctamente el sentir de los ofendidos y en el veredicto imprimieron una clara sentencia contra el Estado al resultar responsable por acción y por omisión de las desapariciones forzadas y nos regalaron lineamientos que la autoridad y la sociedad debemos atender.

Entre esos lineamientos destacan: acceso igual y efectivo a la justicia; la indemnización y reparación del daño debe concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad del delito de desaparición forzada; la rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica a las víctimas, así como servicios jurídicos y sociales; las garantías de no repetición deben incluir el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros.

Nuestra solidaridad con los maestros que movilizándose en las últimas semanas han salvado la dignidad nacional, al responder organizadamente a las contrarreformas legislativas que amenazan con pulverizar los espacios educativos y entregar a extranjeros el patrimonio energético de los mexicanos. Vale.