TRIBUNAL SOCIAL VI

Sin justicia la democracia es finita

como infinito el destino de un desaparecido.

Carlos Varela Álvarez

Hay heridas que no cicatrizan y dolores que velan nuestras noches insomnes. La desaparición forzada de personas es un fenómeno que puede provocar el colapso de la vida ordinaria de familias y de amigos de las víctimas, aún más, cuando ese delito de lesa humanidad arranca como política de Estado y se arraiga en algunas regiones o en toda la geografía del país, enferma la vida social de comunidades enteras. Se convierte en un parteaguas, en un antes y un después en su historia.

La prolongación de esta práctica y otras formas de represión llevan a obligados silencios de quienes sobreviven a esas condiciones o a protestas de baja intensidad que no son suficientes para detener la desaparición de personas. Y cuando se extiende el fenómeno a una acción frecuente donde civiles y autoridades, sin distinción, lo ejecutan, la situación alcanza niveles muy lamentables. Vuelve más difícil la denuncia, el seguimiento, la resistencia y la lucha por la presentación de los desaparecidos, ese marco de políticas públicas contra la delincuencia practicadas en los últimos gobiernos y el altísimo grado de impunidad en los delitos de alto impacto y en las faltas y omisiones que cometen los funcionarios encargados de investigar y perseguir delitos y delincuentes.

Por eso se hace imprescindible que la sociedad civil no dé vuelta a la hoja de esta etapa histórica sin juzgar acontecimientos y responsables. Hay demasiadas razones de peso para justificar que la sociedad aplique la consigna de ni perdón ni olvido: el costo en personas ausentes (desaparecidas) es demasiado alto para olvidarlo, la impunidad que priva en el delito de desaparición forzada sólo ha llevado a recrudecer su nefasta práctica y, de no poner un valladar a esta tragedia sin fin, los costos sociales tampoco tendrán límites, por más dolorosos que sean.

Hemos planteado ya la necesidad de un Tribunal social que juzgue los casos de desaparición forzada y también hablamos del perfil de dos de las juezas que tendrán a bien escuchar las acusaciones sobre desaparición forzada y emitir su veredicto al final. Ahora queremos abordar el perfil de los tres jueces restantes.

Raúl Ramírez Baena, periodista de combate por vocación y militancia en la Baja California, fue Procurador de Derechos Humanos (equivalente a la CEDH) en su estado, encabeza la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y es activista desde hace décadas en la defensa y promoción de los derechos humanos, lo que le ha ganado un espacio en el corazón de los sectores sociales más desprotegidos de su entidad.

Moisés Tapia Tapia, distinguido abogado en la ciudad de Culiacán, maestro en derecho constitucional, es consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa desde 2003, ha sido consejero y presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa. Es un destacado amparista. Está al frente de un prestigiado despacho de abogados. La permanente cercanía con las mejores causas sociales y la honestidad en la defensa del Estado de derecho, son el perfil que le conocemos.

Gilberto López y Rivas, activista del movimiento de 1968, doctor en antropología, diputado federal en dos ocasiones, primer jefe electo de la Delegación de Tlalpan, fue director de la ENAH, investigador, columnista del periódico La Jornada, asesor del FZLN, profesor de la UAM, profesor visitante de la Universidad de La Habana, de la Universidad de San Carlos, Guatemala y del CIMI de Brasilia. Medalla Roque Dalton y miembro de la CoCoPa (Comisión de Pacificación) y asesor del gobierno sandinista.

La fecha está muy cerca y los expedientes y preparativos ya han tomado la forma definitiva. La jornada del día 30 será histórica por los asuntos que tratará (las desapariciones forzadas), porque no hay precedentes en la región de un Tribunal de conciencia y por la calidad del jurado que tendremos. Nadie debe perderse esta jornada. Vale.