TRIBUNAL SOCIAL IV

La historia de las penas es más horrenda e infamante para la humanidad

que los propios delitos que le dieron causa.

Luigi Ferrajoli

A confesión  de parte, relevo de pruebas. "Elementos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Gobernación del Estado, detuvieron a las 5:00 horas de hoy, a Carlos Alemán Velázquez (a) “Juan” ex-estudiante del Instituto Tecnológico Regional de Culiacán, miembro de la llamada Liga Comunista "23 de Septiembre", y perteneciente a la brigada "Rendón Pacheco" que encabeza Gerardo Camarena Ayala (a) "Ezequiel".

El reporte de inteligencia continúa: "Al interrogarlo aceptó ser miembro de la Liga Comunista y proporcionó datos que permitieron la localización de una casa de seguridad ubicada en la calle Joaquín Redo de la Colonia Chapultepec de esta ciudad, donde se detuvo a Luis Francisco García Castro (a) "Bernardo" ...". La nota tiene fecha del 29 de agosto de 1977 y fue firmada a las 11:35 horas por J.F.C. (José Figueroa, jefe de la oficina de gobernación en Culiacán) y por el agente I.P.S.,  quienes cierran el informe así: "Se les sigue interrogando para buscar la posibilidad de que puedan detenerse a más miembros de esta organización clandestina."

Muchas notas como esta (escritas en papel membretado de la Secretaría de Gobernación) eran para consumo interno del gobierno federal,  pero la información no se quedó en las oficinas que José Figueroa tenía en la esquina de Ángel Flores y Paliza, justo atrás de Catedral. Otras víctimas que la fortuna y las relaciones paternales hicieron posible su liberación hablaron. Y esa información llegó a la Unión de Madres y al movimiento por la Amnistía que reclamaba su presentación y libertad.

Nada pudieron ocultar los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. La guerra sucia (no declarada) contra los jóvenes activistas de los años setenta del siglo pasado trascendió a las partes en conflicto y las violaciones a los derechos humanos que suscitó fueron del dominio público. A pesar de la censura oficial y del silencio impuesto en no pocas ocasiones a los medios de comunicación, información y pruebas llegaron a manos de los familiares, y el gobierno tuvo que reconocer responsabilidad en la reclusión, persecución, exilio y desaparición de los activistas. La Ley de Amnistía del 1° de septiembre de 1978 es la mejor prueba de ello.

La movilización social, la Ley de Amnistía y la presión internacional no evitaron que años después regresara y se intensificara la práctica de la desaparición forzada de personas. La impunidad, ese monstruo que baña toda la vida pública en México hizo posible su regreso y también, que independientemente de las alternancias políticas (PRI-PAN), se reproduzca alarmantemente.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, familiares con desaparecidos, Cooperativa de Pepenadores del Relleno Sanitario de Culiacán, Centro de Orientación y Capacitación Organizacional y frente Contra la Impunidad, entre otros están trabajando fuerte para organizar un Tribunal social para este 30 de agosto próximo. La cita es en la Plazuela Obregón desde las 9:30 horas frente al MIA. El tribunal abordará los casos José Barrón Caldera, Carlos Alemán Velázquez y Manuel Alapizco de los años setenta del siglo pasado, el caso de los primos Abraham, Jorge y Juan Emerio (Las Quintas) de 1996 y los casos de Miguel Ángel Rojo Medina y Edgar García Hernández que corresponden a la etapa de la guerra de Felipe Calderón.

Los expedientes que fueron de la Dirección Federal de Seguridad y de la Secretaría de Gobernación y que hoy descansan en los anaqueles del Archivo General de la Nación, son pruebas irrefutables que se presentarán ante el Jurado del Tribunal social. No faltarán los testimonios de familiares y los que recogió la prensa escrita a pesar de las censuras de los viejos y nuevos tiempos.

Porque la herida que no se sana sigue siendo herida ─dice Pat Rice−, por eso no se puede seguir posponiendo la posibilidad de juzgar el fenómeno y los casos de desaparición forzada de personas. Ahora que el problema ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia del país, es un momento adecuado para abordarlo con un Tribunal de conciencia, integrado por personalidades de alto nivel profesional, probada honradez y militante amor por nuestro País. El reto es enorme, pero nuestro apego al futuro es más grande. Vale.