TRIBUNAL SOCIAL II

El peligro de hacernos inmunes a lo inaceptable
Francis Wurtz

Las familias de los desaparecidos y la sociedad tienen derecho a saber la verdad. No valen "razones" de Estado, ni la socorrida criminalización de las víctimas para mantener la cortina de humo sobre la práctica de la desaparición y proteger a los responsables. Y como las visitas ante el ministerio público y ante los gobernantes no dan muchos resultados, familiares con desaparecidos recurrieron a marchas, plantones, conferencias, mítines y hasta huelgas de hambre, sin abonar a la sensibilidad de los funcionarios y ni ablandar su voluntad. La sociedad tiene todo el derecho del mundo a organizar un Tribunal Social que juzgue moralmente los crímenes que el Estado no quiere investigar y juzgar.

Los sinaloenses no estamos inventando nada cuando nos empleamos en la organización de este tribunal o jurado civil, pues afortunadamente hay varias experiencias exitosas en nuestro país y en otras latitudes que dan luz a nuestra iniciativa; pero con esto sí se está sentando un precedente histórico en la región noroeste, precisamente cuando la autoridad creía que la edad, la mala salud, el desmayo y la desmoralización habían ganado a las familias con desaparecidos. La iniciativa del tribunal y los esfuerzos por sacarlo adelante pintan el ánimo que campea en el movimiento de derechos humanos, en particular en la atención al problema de los desaparecidos.

Memoria es historia, memoria es compromiso, memoria es justicia. En 1968 el Estado apostó al olvido, pero el pueblo no olvidó. Con la manipulación de los medios y la desinformación el Estado pretendió borrar hechos y huellas, pero el vínculo de luchas y pueblo conservaron memoria y compromiso. El mejor homenaje a los héroes y a los seres queridos que nos arrebatan violenta e injustamente (incluida la desaparición forzada de personas) es conservar su memoria y vincular nuestra existencia con la de ellos, a través del recuerdo permanente y de la reivindicación de su derecho a la presentación como se los llevaron: vivos. Por eso la memoria es también justicia.

Pero para empujar un proyecto como el tribunal social se requiere contar con el respaldo de organizaciones sociales y de personalidades. No faltarán las críticas ─gratuitas o interesadas─, sobre nuestros afanes, pero hay razones de mucho peso que estarán de este lado: el agravio de cientos de familias que padecen la desaparición forzada de algún ser querido, la necesidad histórica de juzgar moralmente esos hechos (en ausencia de las tareas que le correspondían al Estado en la materia) y la calidad de las personas que integrarán el jurado en el mencionado tribunal, entre muchas otras.

En una próxima colaboración abordaremos el perfil de las personas que integrarán el tribunal social y sobre cuyos hombros (y cabezas) descansarán las conclusiones y el veredicto de esta instancia histórica. Pero por lo pronto adelantemos que por lo apretado del tiempo no se podrán analizar todos los casos de desaparición forzada de personas en el estado de Sinaloa, pues son cientos de ciudadanos, pero la comisión organizadora está analizando con los miembros de la fiscalía del tribunal los casos más emblemáticos en cada una de las tres etapas de desapariciones en nuestra entidad, para que sean consignados ante el jurado.

La sociedad sinaloense sabe que en algunos casos de los años setenta del siglo pasado, se presentaron testimonios contundentes e irrefutables sobre la desaparición de algunos jóvenes activistas, en los que se señalan a responsables y a instituciones donde estuvieron detenidos. En las etapas siguientes también hay casos emblemáticos en los que la presión social obligó a una larga investigación de parte de la autoridad, a crear una fiscalía especializada en el tema de las desapariciones forzadas y a integrar sendas averiguaciones previas, aunque se haya buscado la impunidad para los responsables a final de cuentas.

Esos casos serán la materia de trabajo y análisis en el tribunal social.

Y como el tribunal social aspira a trascender en la sociedad, no sólo hará un trabajo de alta calidad y apegado a los estándares internacionales en materia de derecho, desea hacerlo de cara a la sociedad y a las familias agraviadas de Sinaloa. No sesionará en un lugar cerrado a pesar de la alta probabilidad de lluvias el día 30 de agosto (día internacional de detenido-desaparecido), lo hará en la Plazuela Obregón con la intención de que todo ciudadano que tenga interés de hacer presencia lo haga. Y aún más, si desea hacer suyos las conclusiones y el veredicto, también habrá una salvedad para incluir la adhesión ciudadana. Vamos por buen camino. Vale.