TRIBUNAL SOCIAL

Que este tribunal evite el crimen del silencio.

Bertrand Russell

La idea ha sido reiterada una y otra vez desde hace años: necesitamos un Tribunal Social. ¿De dónde nace esa urgencia imperativa? De la impunidad creciente en los diversos órdenes de la vida pública y que empequeñece la dignidad de todos los ciudadanos. Como no hay autoridad capaz de castigar los crímenes que nos ofenden a todos, en especial cuando se desprenden de políticas de Estado, cuando hay participación de funcionarios, complicidades, la aquiescencia u omisiones graves que permiten delitos de lesa humanidad (como las desapariciones forzadas), la ciudadanía debe hacer algo al respecto.

La sociedad ha visto desde la década de los setenta del siglo pasado que no hemos dejado de denunciar los casos de desapariciones forzadas e involuntarias. Lo hicimos junto a la Madres con Hijos Desaparecidos de aquella época. Ellas, los testigos, las víctimas de desaparición forzada y los organismos internacionales, insistieron hasta la saciedad en la responsabilidad en que incurría el Estado mexicano sobre los casos de desaparición de ese entonces. Se identificó para la época una guerra sucia de las autoridades contra los jóvenes activistas políticos de oposición, varios de ellos militantes de grupos guerrilleros. Los instrumentos del Estado en la represión a esos jóvenes fueron la Dirección Federal de Seguridad, la llamada Brigada Blanca (integrada por agentes de diversas policías y dirigida por la DFS), el Ejército y corporaciones policiales locales y federales. Sin descartar la participación de civiles.

Movilización social y presión de los organismos internacionales obligaron al Estado a decretar una Ley de Amnistía en 1978 para la liberación de presos, perseguidos, exiliados y desaparecidos por motivos políticos. En este último renglón apenas si se atendió parcialmente la Ley y la deuda histórica aún sigue en espera de saldarse. Pero la impunidad, la desesperante impunidad, abrió las veredas para que tiempo después otras autoridades y también particulares regresaran la nefasta práctica de la desaparición forzada.

Por uno y otro comportamiento, al menos en Sinaloa, podemos identificar tres etapas en las que resalta la práctica de la desaparición forzada de personas: 1975-79 (desaparición de activistas políticos), 1994-2003 (señalados como responsables particulares y autoridades) y 2008-2012 (en el marco de la guerra contra el narcotráfico de Calderón). Suman centenares de personas desaparecidas en los años señalados. En todos los casos hay un doloroso denominador común: impunidad. No hay, es la triste realidad, una sola persona que esté siendo enjuiciado por el delito de desaparición forzada o purgando una sentencia por el crimen mencionado. Y para el colmo de nuestro desamparo, ¿cómo van a enjuiciar a alguien por ese crimen, si no hay una ley que haya creado la figura de la desaparición forzada? Todo ello, a pesar de que desde 38 hace años se practica ese crimen de lesa humanidad.

Reiteradamente hemos enviado iniciativas de Ley sobre desaparición forzada ante el Congreso del Estado, sin tener respuesta concreta ante nuestras iniciativas. La última la llevamos el día 9 de diciembre de 2011 y ha corrido la misma suerte. ¿Justificará todo ello que busquemos crear un Tribunal Social?

Aún más, preguntémonos si vale la pena empeñarse en crear un Tribunal Social, Tribunal Civil o Jurado Popular, si el veredicto que emane de él no tendrá consecuencias de sanción económica, política o de privación de la libertad de los responsables por acción u omisión en el delito de desaparición forzada e involuntaria.

¡Claro que vale pena! La creciente participación ciudadana en los asuntos públicos se ha convertido en una piedra en los zapatos de los funcionarios y sus desvelos por la transparencia en una migraña permanente para los servidores públicos. Un Tribunal Social o Tribunal de Conciencia, no llevará a la cárcel a funcionarios que participaron en la desaparición de personas, que fueron cómplices o que toleraron la ejecución de ese delito, pero su veredicto será una condena moral de los hechos que tanto ofendieron a nuestra sociedad, será también un señalamiento de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada de personas, y además de establecer la responsabilidad moral que le corresponde al Estado, exigirá que se legisle sobre el tema, que se lleven a cabo las investigaciones que amerite cada caso de desaparición forzada y se haga comparecer a quienes resulten responsables por el delito de desaparición forzada. Sería otro gran paso, bien dado, de la participación ciudadana. ¿Le entramos? Vale.