SEMANA DEL DETENIDO DESAPARECIDO

La crisis política es el reflejo de la económica,

pero ésta depende de aquella para su resolución.

Carlos Gabetta

Las cosas y los fenómenos sólo adquieren su verdadera dimensión cuando delineamos sus extremos. Seguramente con los problemas sociales nos sucede algo parecido. Los mexicanos nacidos de los años setenta del siglo pasado a la fecha han crecido familiarizados con las desapariciones forzadas de personas. Algunos eran nuestros vecinos del barrio, compañeros de aula o simplemente compartían la misma ciudad y quizá las mismas inquietudes de nosotros. En su momento la desaparición de algunas personas cimbró nuestra conciencia y nos espantó el sueño, pero a pesar de que este delito de lesa humanidad no para en seguir victimizando a más personas, pocos, muy pocos ciudadanos se preguntan y preguntan sobre la magnitud que ha alcanzado el problema.

Se ha preguntado usted, ¿Cuántos desaparecidos hay en Sinaloa y en México? A lo mejor sí, pero quién puede responderle a su interrogante. La autoridad siempre ha esquivado su responsabilidad en la práctica de la desaparición forzada de personas, ha dilatado la legislación en la medida que le fue posible y, al no establecer una política clara para su erradicación, tampoco hay una oficina especializada que dé el debido seguimiento al fenómeno desde 1968. Las cifras que a nivel local y nacional se han manejado son producto del trabajo de organismos de la sociedad civil.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa ha registrado tres etapas en la práctica de la desaparición forzada en Sinaloa: 1975-79, 1994-03 y 2007-2013; de acuerdo a los registros hay 43 casos pendientes de la primera etapa, 87 desaparecidos de la segunda y al menos 327 de ésta última. A nivel nacional, entre los trabajos del comité Eureka de doña Rosario Ibarra y los de organismos afiliados a la Afadem-Fedefam, la cifra de los años setenta alcanzaba los 1150, pero después de las investigaciones de la CNDH la cifra se limitó a los 530 expedientes que entregó a la PGR y ésta a la Fiscalía Especial para su investigación.

El problema volvió a ser preocupación sobre todo en los estados de Morelos, D.F., Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Baja California, en el entorno de la guerra contra el narcotráfico y llevó a familiares de esos estados a una reunión regional en Saltillo y otra en la ciudad de Chihuahua en 2010, frustrándose su continuidad luego de los homicidios de Maricela Escobedo (diciembre 2010) y de Susana Chávez (enero 2011).

A raíz de la muerte de Juan Francisco, el hijo del poeta Javier Sicilia y de otros jóvenes en Cuernavaca (marzo de 2011), surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que le dio cuerpo a los agravios sufridos en todo el país. Este movimiento buscó llevar registro de las víctimas de la violencia: estimó en 70 mil muertes violentas y 20 mil desaparecidos el saldo que dejaba la llamada guerra contra el narcotráfico. Esos son los referentes que tenemos sobre el tema.

Estamos en plena Semana Internacional del Detenido Desaparecido y como parte de la jornada, los Familiares con Desaparecidos realizaron un Plantón en el patio interno de Palacio de Gobierno este miércoles 29. Querían manifestarle al gobernador que no están caminando la mayoría de los compromisos que hizo con ellos. No estuvieron solos, pues el apoyo solidario de la Cooperativa de Pepenadores, del Bloque de comerciantes del Centro de Culiacán, el Centro de Capacitación Organizacional y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, le dieron una entusiasta y fuerte presencia.

El viernes 31 estarán en Catedral a las 4:30 de la tarde. Liberarán globos blancos con los nombres de los desaparecidos para que nunca se vayan de nuestra memoria. Para que no borremos del banco en que se sentaban en la escuela su presencia, para que su espacio en la fábrica o comercio los esté esperando siempre y para que la silla en el comedor de su casa se mantenga a la espera del que está ausente de manera forzada e involuntaria.

El Gobierno federal anunció hace unos días la constitución de la Instancia que investigará los casos de desapariciones forzadas y del grupo de agentes que la auxiliará, pero en Sinaloa aun contando con acuerdos para empujar las investigaciones, se avanza más lento que en el ámbito nacional. ¿Qué esperará la autoridad estatal? Todos sabemos que el asunto no es de falta de capacidad de la Procuraduría, es en buena medida un problema de voluntad política. Y, digamos que si la hay, ya se han tardado mucho en demostrarla. Vale.