DESATINOS EN PGR Y GOBERNACION

La verdad no siempre es bella pero su búsqueda sí lo es.

Nadine Gordimer

Nuevas medidas administrativas en el Gobierno de Peña Nieto y no precisamente para aplaudirlas. La PGR elimina su Consejo de Participación Ciudadana, mientras la Secretaría de Gobernación busca crear por decreto y sin consulta alguna la superpolicía llamada Gendarmería Nacional.

Como balde de agua fría cayó la noticia a los consejeros ciudadanos de que ya no existían como tales. El procurador Murillo Karam había publicado en el Diario Oficial la orden de abrogar los acuerdos de dicho órgano. Cualquier posibilidad de aspirar a la transparencia y rendición de cuentas de la PGR se viene abajo con la clausura del Consejo. El compromiso que la Institución hizo con la sociedad el 28 de febrero de 2011 queda por lo pronto sin efecto. A pesar de la oscuridad en la que navega la PGR en muchos aspectos, al Consejo de Participación Ciudadana se le habían dado razones de ser: vigilar el “uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal”. A través del Consejo la sociedad podía indagar asuntos de corrupción, abusos de poder o cuestionar compras de la dependencia.

Sólo se da una explicación para cancelar el Consejo: que la PGR se encuentra en un proceso de diagnóstico y reestructura, "encaminado a modernizar su funcionamiento y detectar las áreas que requieran una mejora".

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación está en el proceso administrativo para crear la llamada Gendarmería Nacional. Se han hecho públicas sólo algunas cosas: que sustituirá a las policías federales actuales y que se formará con diez mil elementos del ejército. La trascendencia de la medida impactará la vida nacional toda, lo que debiera obligar a ser  tema de análisis público y a tener oídos ante las opiniones de los diversos sectores de la economía, la política y la academia del país. Pero no, inexplicablemente se siguen haciendo las cosas como en los viejos tiempos, como un acto de autoridad que tiene que ser aceptado por los ciudadanos, sin más.

Pareciera que el país cambió para no cambiar. La nueva administración aún no entiende que el país que ahora gobierna es muy distinto al que dejó hace doce años. Si el 59% de los electores (sin contar abstenciones y votos nulos) se inclinan por la oposición, es que exigen una administración que busque opinión y ejercicio de ciudadanía. Todos los asuntos que influirán en la vida de cada uno de los ciudadanos, deben contar con la opinión y propuestas ciudadanas.

Nueve organismos de la sociedad civil están cuestionando está medida y exponen que la decisión de arrancar los trabajos de la Gendarmería con soldados en lugar de formar agentes con el perfil de policía que se requiere, implica riesgos desde el origen. La experiencia que hemos vivido en los últimos seis años, en los que abundan los malos ejemplos del actuar de soldados en funciones policiales, les dan la razón.

Hay algunos hechos y acciones que la ciudadanía y sus organizaciones debemos procesar y  cuestionar, si queremos que este país marche por una senda democrática y resuelva los problemas que más pesan en la vida económica, política, social y cultural. No basta, no debe bastar que los asuntos nacionales pasen por el visto bueno de quienes integran el Pacto por México (PRI, PAN y PRD). Bajo el manto del Pacto se han justificado las reformas educativa, laboral y telecomunicaciones (verdaderas contrarreformas), mientras se malcumple con el mandato constitucional de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo. Quién ignora el engaño de que somos objeto. Primero se legisla y se establecen las bases (estructurales les llaman) para gobernar y después se realizan “consultas” que terminarán en la elaboración del Plan nacional de Desarrollo. ¿No era el Plan precisamente para establecer las bases del desarrollo en todas sus aristas? ¿Qué sentido tendrá si ya legislaron al entero gusto de la élite gobernante?

Es tiempo de que los organismos ciudadanos empecemos a reclamar los espacios constitucionales de ejercicio pleno de ciudadanía o de renunciar al derecho de participar en la construcción de un país y una sociedad que nos incluya a todos. Vale.