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LA PROPUESTA DE
ELIGIO MEDINA
Erri De Luca Definitivamente irrumpimos en el 2013
con más pena que gloria. Al cruzar la frontera del año viejo creímos que allí
se quedaban algunos de nuestros viejos males. No pasó nada. Deben andar muy
devaluados nuestros brujos y pitonisas (¿Y los políticos?) porque ahora no
lograron espantar ni sus propias incertidumbres. Por todo ello, sobre las espaldas de una
clase media desgastada y de los pobres del país, se montan la desigualdad
social, el desempleo, la corrupción, la ausencia de oportunidades en materia de
salud, educación y vivienda y el cáncer de la violencia. El principio de fatiga empieza a calar
en las altas esferas gobierno, donde sólo atinan a programar presupuestos
crecientes para asuntos de seguridad sin que por otro lado veamos los
resultados prometidos, mientras el contagio de ese principio de fatiga empieza
a permear a los municipios. Eligio Medina, presidente de Concordia, uno de los
municipios más golpeados por la pobreza, desigualdad y la violencia, propuso
armar a grupos de civiles en la zona rural para enfrentar la inseguridad. Se ha
sumado a dicha propuesta Alejandro Higuera, presidente de Mazatlán, uno de los
principales destinos turísticos del país. Hay varios elementos que llaman la
atención en la iniciativa y el marco que la rodea. Concordia con apenas 29 mil
habitantes ha visto colapsada su cabecera municipal al avecindarse allí al
menos 300 familias desplazadas por la violencia, mientras en el poblado de El
Verde se refugiaban otras 39, sin contar las que se encuentren en otras
comunidades y las que generaron los últimos acontecimientos violentos. Mazatlán
con 438 mil 434 habitantes (15.8% de la población estatal), es el segundo
municipio más poblado de Sinaloa, el principal destino turístico del estado, la
carta de presentación para la inversión extranjera y nacional con las
inversiones carreteras y en su muelle. El puerto es también refugio de al menos
3 mil ciudadanos desplazados de la violencia, una parte de ellos asentada en un
terreno suburbano sin servicios que se ha destinado para ellos. Ambos municipios han resentido las
acciones violentas y sus consecuencias en su zona rural y urbana. Y son refugio
de su población desplazada y de la que proviene del estado de Durango en la
misma situación. La orografía de los dos municipios es aliada natural de los
grupos armados que hacen del delito su modus vivendi y ejerce una influencia
determinante para las actividades económicas urbanas. El castigo que han
recibido los negocios en esa región en los últimos años a manos de delincuentes
confirma lo dicho. Ante la propuesta de los gobernantes
locales de crear grupos civiles armados de antemano hemos dicho no, porque ello
equivale a franquear otra puerta a la violencia, a los abusos y las injusticias sin fin que la acompañan. Pero tampoco
podemos avalar los desatinos en materia de seguridad que han cometido tanto las
autoridades federales como estatales, concluyendo
que a final de cuentas, los ediles son los funcionarios que tienen que dar la
cara siempre y que, ante el fracaso de la guerra contra el crimen promovida en
el último sexenio, la desesperación se ha convertido en su recurso final. La propuesta de Eligio Medina apoyada
por Alejandro Higuera ha ganado espacios en el debate
público y, de no haber claridad en la alternativa que coyunturalmente venga de
las autoridades estatales y federales, bien puede ganar simpatías en una
población insatisfecha y agraviada. Y entonces tendríamos una situación poco
recomendable. Mientras se cocinan las posibles
respuestas oficiales, si es que aún quedan recursos intelectuales para ello en
las oficinas públicas, lo que activistas sociales, sindicatos, universidades y pensadores consecuentes debemos tener claro
es construir más sociedad, fortalecer sus organismos especializados y elaborar
políticas alternativas. Una sociedad organizada y participante siempre tiene
soluciones a la mano. Vale. |