LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

Para mi hijo Erick Daniel,

medalla de oro Olimpiada Nacional de Química 2012.

Son los desplazados una tragedia nacional que se ha pretendido ocultar. El gobierno evade tratar el tema, los medios sólo tocan tangencialmente el asunto, las cámaras del Congreso sólo en ocasiones se acuerdan de este sufrido sector social y para los partidos parece resultar un problema sin rentabilidad política.

Y como toda tragedia ésta tampoco marcha sola: hay cientos de miles de historias que lastiman la conciencia nacional, once estados del país con profundas heridas abiertas y una creciente desesperación entre los desplazados  sin recursos, pues dentro o fuera de México la mayoría no tiene empleo, casa y muchos ni a quién recurrir en busca de apoyo.

Después de algunos acontecimientos que dejaron dolorosas huellas en El Pozo, Zazalpa, El Huejote, Tecomate, San Cayetano, Puerta de San Marcos y en muchísimas comunidades más, familias de esas poblaciones iniciaron una lastimosa marcha hacia algún lugar en México o al extranjero.

Culiacán, Mazatlán y Los Mochis son destino (también partida) de muchas familias a quienes la violencia obliga a abandonar tierra, casa y patrimonio. He tenido oportunidad de platicar con algunos ciudadanos desplazados. El desánimo es casi tan grande como el desamparo que han encontrado de parte de los gobiernos federal y estatal.

Interesarse en el problema es encontrar los comportamientos más absurdos ante el fenómeno de desplazados. La violencia  deja ya más de 50 mil muertos, más de cinco mil desaparecidos y, afirman algunos organismos, 250 mil y otros hasta 750 mil personas desplazadas.

La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja han planteado reiteradamente a México que se ponga atención especial en el tema, que esas instituciones están preparadas para brindar ayuda humanitaria en el momento que lo solicite nuestro gobierno y que se tomen medidas para que cese la violencia. El gobierno mexicano sigue sin escuchar.

El fenómeno ha sido monitoreado a nivel internacional por el Internal Displacement Monitoring Centre y el Norwegian Refugee Center  y por Human Right Watch, sin que conmuevan la insensibilidad del Estado mexicano. Incluso el senado de la república resolvió el 25 de agosto del año pasado solicitar al presidente Felipe Calderón la elaboración de un diagnóstico, recomendando que se establecieran criterios únicos entre el gobierno federal, los de los estados y la sociedad civil, con el fin de hacer creíble dicho diagnóstico. No hay respuesta a la petición y el presidente ya prepara maletas para irse de Los Pinos.

A pesar de la ausencia de estudios y de las evasivas (además de escasas) estadísticas, los interesados en el tema buscamos ubicar los puntos centrales del problema.  La sociedad debe saber que Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Michoacán, Oaxaca, Distrito Federal, Veracrúz y Chiapas, son las entidades principales con población desplazada; debe reconocerse que el desplazamiento por razones de la violencia imperante ocupa en las encuestas el tercer lugar, con un 17% de la población que ha cambiado de lugar de residencia.

Ni el gobierno, ni los académicos, ni el resto de los mortales debemos ignorar que en Sinaloa hay varios municipios donde el problema se ha vuelto mayúsculo, entre ellos, Choix, Sinaloa municipio, Guasave, Badiraguato, Angostura, Navolato, Culiacán, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

¿Qué acontecimientos deben suceder para empezar a actuar? ¿Qué la violencia se prolongue y profundice como en Colombia? No estaría mal que volteáramos a vernos en ese espejo. Los expertos señalan que allá los desplazados alcanzan una cifra de 4.5 millones de personas. Aquí los más pesimistas como la empresa Parametría hablan ya de 1.6 millones de desplazados. Deseamos creer que no es tan alta la cifra en México, pero estamos convencidos que tampoco habrá que esperar a que llegue a esos niveles para hacer algo. Usted, ¿qué opina?