LA PROCURADURIA Y LA NADA

Nosotros nos vamos y este conflicto va a seguir.

Romeo Langlois

Me temo que el principio de fatiga ha ganado definitivamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es cierto que por donde no le llueve le cae sereno, pero basta echar una mirada a la herencia que arrastra y a los asuntos que se incorporan a diario, para estimar la magnitud de la tarea. Pero eso es una parte del problema, la otra es la capacidad de la institución para enfrentar el mundo de trabajo. Simplemente no se ve por dónde.

Si los nuevos funcionarios creyeron que los discursos estridentes espantaban a los criminales organizados y a los de ocasión, esperamos que 17 meses después de intentarlo ya se hayan convencido que no es el caso para Sinaloa. El Procurador y su equipo cercano no pueden comprometerse a ir más allá de las fuerzas y las posibilidades reales de la Institución. Y para determinarlas se debe comenzar con el a, b, c: precisar la estructura de la Procu, el tamaño del personal que atiende las averiguaciones previas, su calificación, su rendimiento y su fidelidad hacia la Institución.

El asunto de los salarios ha sido un recurso manido para hablar de los bajos rendimientos y las infidelidades del personal. Por fortuna ese problema ya no es mayor. Sin embargo, la mejora en los ingresos no se ha reflejado en un mayor rendimiento en las tareas, sobre todo de los asuntos más graves.

Tampoco puede pasar por alto que la policía ministerial, pieza central en la investigación, no depende de la Procuraduría. Sus tiempos e intereses corren por diferentes carriles, lo que dificulta sobremanera la acción común. Y la corrupción, la entenada que se invitó sola no sólo anda por los pasillos de los ministerios públicos, ¿se tendrá ya una estimación de hasta dónde ha llegado?

Aun podemos agregar que las concepciones que prevalecen sobre la procuración de  justicia, sobre los problemas sociales y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, son una cosa que pesa demasiado en la orientación y destino de la Institución.

Desde hace años la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa y familiares con desaparecidos establecieron una mesa de trabajo con la Procuraduría. Los resultados ofenden la dignidad de las familias víctimas de ese delito de lesa humanidad, pues muchas de ellas no vieron avances en las investigaciones después de meses, incluso años, a pesar de los testimonios que había y de los datos aportados por familiares. La necesidad de trabajar, las urgencias de la vida familiar y la profunda desilusión por la parálisis de la procuración de justicia, han llevado a esas familias a abandonar la lucha y la búsqueda de sus familiares.

Al menos una de las familias que mantenía presencia y afanes por encontrar a uno de sus miembros desaparecido, sufrió amenazas, secuestro y extorsión. Esa nueva tragedia la obligó a abandonar el estado de Sinaloa. Uno y otro delito están impunes.

El pasado día 18 de mayo, la Cddhs hizo llegar al  Gobernador Mario López Valdez la recomendación 02/2012 sobre la tortura en Sinaloa. El documento fue turnado al Procurador. El trato que se da a la recomendación no deja de llamar poderosamente la atención: para la Procuraduría sólo pueden emitir recomendaciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de derechos Humanos y cita para ellos la vieja legislación nacional y local al respecto. No quiere saber más.

Lástima que pase por alto las reformas a la Constitución local de 2010 y las reformas a la Carta Magna de 2011, en las que hay un halo de aire fresco sobre las caducas concepciones que siempre han negado las iniciativas de los organismos no gubernamentales. Y lástima que quieran ignorar los compromisos contraídos por México al firmar los Acuerdos Finales de la Convención de Viena de junio de 1993, en los que se compromete a escuchar y apoyar a esos organismos.

Es una pena también que la desmemoria actual pretenda borrar que durante los gobiernos de Francisco Labastida, Renato Vega, Juan Millán y Jesús Aguilar, fueron atendidas y aceptadas al menos el 40 por ciento de las recomendaciones que se les hicieron llegar, con el  sustento legal que la legislación nacional e internacional de la época permitían.

A ello hay que agregar que la pena se agranda, pues con ello se busca ocultar el gran problema de la tortura que sí existe y porque la Procuraduría no se deja ayudar por los organismos de la sociedad.

La Procuraduría no puede eludir su destino. Y si la brújula se le ha extraviado sólo encontrará el camino si marcha junto a la sociedad. La burocratización y la descalificación de quienes aportan elementos para la solución de problemas, son parte del enorme problema que tiene que superar la Procuraduría. Es tiempo de enderezar rumbos. Vale.