SEMANA
INTERNACIONAL DEL DESAPARECIDO
Cabrá
preguntarse si hay dos tipos de delitos:
los
que causan alarma social y los que no.
Gregorio Morán.
Barcelona.
Felicidades a Leonel Aguirre Meza por su
IV Informe de Labores al frente de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos en Sinaloa. El cumplimiento de 297 jornadas de trabajo del equipo en el
año, la atención de 333 quejas, tres recomendaciones y los buenos oficios para
mediar en muchos conflictos, son merecedores del reconocimiento de todos.
Este miércoles 23 inició la semana
internacional del detenido-desaparecido. En muchas ciudades del país y del
planeta habrá multiplicidad de eventos recordando que en 1981 grupos de
familiares con desaparecidos de Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, México y
Uruguay, se reunieron en San José, Costa Rica, para exigir juntos la atención
de los organismos internacionales a su problema.
Ese movimiento de familiares logró que
la asamblea general de la ONU aprobara en 1992, la Declaración sobre la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que
formara un Grupo especial de trabajo sobre el tema y tipificara la desaparición
forzada como delito de lesa humanidad. Otra victoria fue que la OEA aprobara en
1994 la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.
Una larga historia arrastra el problema
de las desapariciones. Todo comenzó en la Guerra civil española de 1936-39
donde, según cálculos recientes, desaparecieron unos 160 mil ciudadanos. El
fenómeno continuó en la Alemania de Hitler y fue retomado a partir de los años
sesenta en los países con regímenes autoritarios. Hoy se tiene registro de
desapariciones en al menos 73 países.
En México las desapariciones han
alcanzado una nueva dimensión a partir del gobierno del presidente Felipe
Calderón. Los organismos especializados en el tema hablan de 6 mil personas
desparecidas, cinco veces más a las calculadas extraoficialmente las de los
años setenta. Y no han sido suficientes las preocupaciones expresadas por el
Grupo especial de trabajo de la ONU luego de sus visitas a nuestro país, ni las
declaraciones y reclamos de Human Right Watch, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y otros más, para modificar las políticas públicas sobre el
problema y lograr la atención requerida por los familiares con desaparecidos y
el movimiento de derechos humanos.
La preocupación sobre el tema se inició
en Sinaloa en 1975, cuando la maestra y activista social Lourdes Martínez Huerta ya no regresó a su
casa. Luego vendría una dolorosa lista de jóvenes detenidos y desaparecidos por
la llamada Brigada Blanca, que dependía de la Secretaría de gobernación.
De esa primera herida surgió la Unión de
Madres con Hijos Desaparecidos, que dio vida a un
vigoroso movimiento por la presentación de sus hijos y la libertad de los
presos, perseguidos y exiliados políticos. Ellas pararon por más de una década
la práctica de la desaparición forzada en Sinaloa, pero no pudieron evitar que
regresara con nuevos bríos en 1994 y que después viniera una tercera reedición
a partir de 2008.
El movimiento de derechos humanos en el
estado, buscando poner un freno a este delito de lesa humanidad, elevó una
iniciativa de Ley sobre desaparición forzada ante el Congreso del Estado el
pasado 9 de diciembre, sin que haya alguna respuesta sobre el particular.
Para iniciar la Semana internacional del
detenido desaparecido familiares y movimiento ofrecieron una conferencia de
prensa en la Cámara de Diputados, haciendo presente la demanda
de aprobación de la iniciativa de ley. Hasta el día 31 habrá actividades,
destacando el Plantón ante la Procuraduría el próximo lunes 28 a las 9 de la
mañana.
Algunas cosas aledañas que suceden en
estos días pueden crear un ambiente favorable para el movimiento por la
presentación de los desaparecidos y la aprobación de la iniciativa de ley: los
afanes de un grupo de sinaloenses que promueve una Ley de participación
ciudadana y el uso más comprometido de las redes sociales por parte de los
jóvenes.
Si se da una nueva oleada de
participación social, ojalá que ello lleve a exigir la plena vigencia
del Estado de derecho y, consecuentemente, la aprobación de una Ley sobre
desaparición forzada. Ojalá.