RECOMENDACIONES
Y VISITAS
Con
el corazón partido por la pérdida de
doña
Beatriz Jacobo de Michel y de Carlos Fuentes.
Sí existen pueblos fantasmas, reconoció
el Gobernador al visitar La Noria, Surutato y El
Potrero de los Fierro. Esas comunidades emblemáticas del entorno violento de
Los Altos de Sinaloa sufren la
desolación y la obligada ausencia de sus habitantes o el peso del drama social
de los desplazados. El panorama encontrado hizo cambiar de opinión al
mandatario sinaloense.
Frente a los páramos que vio desde el
aire y que pisó rodeado de los pocos vecinos que aún deambulan por esos campos
dejados de la mano de Dios, la emoción del primer momento lo llevó a proponer
el envío de más fuerza pública para barrer aquella zona serrana. Un día después
dispuso la creación de 36 viveros en las comunidades afectadas, para promover
empleos.
Debió ser duro, aun para alguien tan
optimista como Mario López Valdez, cruzar palabra con los escasos vecinos de tres
comunidades víctimas de la violencia. Esos pocos vecinos admirablemente permanecen
en sus lugares. Ni la violencia, ni las cornadas del hambre, ni la soledad que
da vida a rescoldos olvidados los lleva a otro lado. El pasado se hizo presente
y es la fuerza que mueve a quienes se quedaron. Malova
entendió que esas mujeres y esos hombres no irán a ningún otro lado.
En sus rostros y gestos se adivina que
no caminarán un paso fuera de sus pueblos. Buscar refugio y seguridad más allá
del horizonte donde nacieron, es querer huir de una trampa que está presente en
cualquier parte a la que se vaya.
Todo ello pesó en la decisión del
gobernador de crear algunas fuentes de trabajo, pues para quienes
se quedaron quizá sea peor adquirir el estatus de desplazado, marchar a la
deriva, que vivir los destiempos de la Comala de Pedro Páramo. Así estén en medio de la nada y sus
desveladas siluetas se conviertan en fantasmas de pueblos donde el miedo y la
violencia no han dado cabida al tiempo ni a la esperanza.
Pero las medidas anunciadas hablan de lo
que se puede calificar de urgentes no de las que resolverían el problema a
mediano y largo plazo. Por eso creemos que la Recomendación enviada este jueves
por la Comisión de Defensa de los derechos Humanos en Sinaloa es atinada. En
ella se presenta un análisis del fenómeno de los desplazados en América Latina
(donde México ocupa el segundo lugar en desplazados después de Colombia). El
estudio, de acuerdo a organismos internacionales como la ONU, Cruz Roja, el
Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de Noruega (iMDC),
la prensa nacional e internacional, señala que hay once estados en México con
el desplazamiento de población motivada por la violencia.
El gobierno federal no ha reconocido el
problema a pesar de la magnitud y del impacto que ya
tiene algunas regiones del país. Son los municipios donde el problema de los
desplazados los ha puesto en un verdadero predicamento los que han sacado la
cara para atender, a pesar de todas sus limitaciones, la emergencia que dicho
fenómeno les plantea. Lo han hecho Mazatlán (donde se concentra alrededor de
2mil 500 familias desplazadas), Concordia, Badiraguato
y Sinaloa. En estos se les ha unido el gobernador.
El documento de la Cddhs
va al grano. Hace ocho recomendaciones al gobernador en las que plantea la
necesidad de elaborar un diagnóstico de sobre el problemas de los desplazados,
de nombrar una comisión especial para establecer indicadores y criterios únicos
para elaborar el estudio, solicitar al Congreso del Estado un fondo de 250
millones de pesos para la atención de los desplazados, urgir al gobierno
federal a participar en la atención a los desplazados, instar al gobierno
federal a solicitar a la ONU y a la Cruz Roja Internacional para que tome parte
en la atención de la población desplazada y para que en un término prudente se
presenten un Plan Emergente de atención a esas víctimas de la violencia y un
Plan de Retorno a sus comunidades.
Para el Congreso del Estado se plantean
tres recomendaciones. Una para crear una comisión especial que vigile la
observancia de los Principios Rectores de Desplazamientos Internos de la ONU,
otra para crear el fondo de 250 millones de pesos para atención a desplazados y
la tercera para que solicite al gobernador la creación de la comisión especial
multidisciplinaria que elabore indicadores y criterios únicos para el
diagnóstico.
En el marco de este sentido problema y
en vísperas del IV Informe de Labores de Jorge Aguirre Meza, presidente de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, la recomendación llegó
muy oportuna y ojalá tenga el eco en las instancias aludidas que la población
desplazada necesita. Vale.