SENSATEZ EN
TIEMPOS DE CRISIS
La
ONU está muy preocupada por la situación de violencia que vive México.
Catherine Bragg
Frente a los terribles golpes de la
delincuencia y el fracaso de la estrategia que la combate, tenemos que vernos
en el espejo de los años setenta. La desesperación y el inmediatismo ganan a la
autoridad cuando se presentan acciones violentas que trascienden la normalidad.
Esto sucede en los recientes casos de la sierra de Choix
y Bamoa, Guasave.
Por las declaraciones de la autoridad
parecen agotados todos los recursos de los que se puede echar mano. Sólo se
retoma lo que ya demostró que no funcionaba. Se vuelve a plantear la posibilidad
de otra operación similar a la tristemente célebre Operación Cóndor, después de
las malas cuentas de una estrategia sexenal. ¿Ya revisó el gobierno estatal lo
que pasó en la década de los setenta?
A lo mejor no. Y conste que hay
funcionarios en la actual administración estatal que trabajaron en un valioso
análisis de aquella época, que arroja como uno de los puntos centrales que el
5% de la población en el estado (alrededor de 100 mil habitantes) se vio
precisada al desplazamiento. De la comparación entre el censo de población de
1980 y el de 1970 resultaron datos muy preocupantes. Agreguemos que con la
desaparición de cerca de dos mil comunidades en la sierra, se esfumaron también
sus sueños de justicia, de recuperar sus tierras, su cultura, su historia.
Es probable que no haya buena memoria
entre los funcionarios, pero no olvidar es el mejor recurso de la sociedad. Por esa razón, frente a la profundización de
los rasgos más bárbaros de la violencia y tomando en cuenta un entorno
económico y social difícil, lo menos recomendable son las recetas que sólo
privilegian un remedio, por lo demás ingerido hasta el hartazgo por el enfermo:
violencia para combatir la violencia.
A pesar de las insistentes reflexiones y
propuestas de especialistas como Edgardo Buscaglia y Luis Astorga Almanza en el sentido de atender no sólo el
aspecto represivo, sino los renglones económico, legislativo y educativo en el
caso del primero y crear ciudadanía diría el paisano Astorga, lo que implica
dar paso a un Estado democrático con una sociedad civil organizada y
participativa. A pesar de todo ello, se echa mano por enésima vez del cero
tolerancia (sin mirar fracasos locales anteriores y en Nueva York) y se
reeditan operativos a las zonas de
conflicto sin prever las consecuencias en la población civil.
Pobre sociedad sinaloense que a pesar
del alto precio que ha pagado sigue padeciendo este proceso “incivilizatorio” como le llama Luis Astorga. Bien haría la
autoridad sinaloense en valorar las opiniones calificadas sobre el tema y
disponer de un informe preciso de los saldos que arroja la situación de
violencia que vivimos al menos desde finales de 2007.
Nos parece que hay algunas tareas
urgentes que deben atenderse por parte de la autoridad, con la participación de
las instituciones de educación superior.
El Congreso de la Unión recomendó el año
pasado al presidente Felipe Calderón que se hiciera un diagnóstico de la
situación de violencia, en particular la que padecen los desplazados; Raúl
Plascencia, presidente de la CNDH, ha coincidido en la urgencia de este
diagnóstico.
La Cámara Federal de Diputados hizo
hincapié en que el Estado y los académicos establecieran criterios únicos, con
el fin de que las investigaciones partieran de las mismas bases científicas, lo
que debía acometerse de inmediato.
Una de las características del Estado
democrático es que las políticas públicas que pueden afectar la vida económica,
política, social y en materia de derechos humanos, siempre son consultadas con la sociedad. Con ello responde a la
confianza depositada en las urnas y valora las opiniones ciudadanas sobre las
medidas propuestas por la autoridad para resolver los problemas que motivan la
consulta.
Y la ventaja de consultar arrojaría un
resultado que aún no ha experimentado un gobierno en Sinaloa: la participación
ciudadana, su fortalecimiento y, en un momento determinado, el respaldo social
a la autoridad para ejecutar una política o medida consultada.
¿Por qué no hacerlo, sobre todo en
momentos en que pareciera perderse hasta brújula que nos indica el norte? Por la tranquilidad de los sinaloenses bien
valdría la pena intentarlo. Vale.