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SENSATEZ EN TIEMPOS DE CRISIS

 

La ONU está muy preocupada por la situación de violencia que vive México.

Catherine Bragg

Frente a los terribles golpes de la delincuencia y el fracaso de la estrategia que la combate, tenemos que vernos en el espejo de los años setenta. La desesperación y el inmediatismo ganan a la autoridad cuando se presentan acciones violentas que trascienden la normalidad. Esto sucede en los recientes casos de la sierra de Choix y Bamoa, Guasave.

Por las declaraciones de la autoridad parecen agotados todos los recursos de los que se puede echar mano. Sólo se retoma lo que ya demostró que no funcionaba. Se vuelve a plantear la posibilidad de otra operación similar a la tristemente célebre Operación Cóndor, después de las malas cuentas de una estrategia sexenal. ¿Ya revisó el gobierno estatal lo que pasó en la década de los setenta?

A lo mejor no. Y conste que hay funcionarios en la actual administración estatal que trabajaron en un valioso análisis de aquella época, que arroja como uno de los puntos centrales que el 5% de la población en el estado (alrededor de 100 mil habitantes) se vio precisada al desplazamiento. De la comparación entre el censo de población de 1980 y el de 1970 resultaron datos muy preocupantes. Agreguemos que con la desaparición de cerca de dos mil comunidades en la sierra, se esfumaron también sus sueños de justicia, de recuperar sus tierras, su cultura, su historia.

Es probable que no haya buena memoria entre los funcionarios, pero no olvidar es el mejor recurso de la sociedad.  Por esa razón, frente a la profundización de los rasgos más bárbaros de la violencia y tomando en cuenta un entorno económico y social difícil, lo menos recomendable son las recetas que sólo privilegian un remedio, por lo demás ingerido hasta el hartazgo por el enfermo: violencia para combatir la violencia.

A pesar de las insistentes reflexiones y propuestas de especialistas como Edgardo Buscaglia y Luis Astorga Almanza en el sentido de atender no sólo el aspecto represivo, sino los renglones económico, legislativo y educativo en el caso del primero y crear ciudadanía diría el paisano Astorga, lo que implica dar paso a un Estado democrático con una sociedad civil organizada y participativa. A pesar de todo ello, se echa mano por enésima vez del cero tolerancia (sin mirar fracasos locales anteriores y en Nueva York) y se reeditan operativos  a las zonas de conflicto sin prever las consecuencias en la población civil.

Pobre sociedad sinaloense que a pesar del alto precio que ha pagado sigue padeciendo este proceso “incivilizatorio” como le llama Luis Astorga. Bien haría la autoridad sinaloense en valorar las opiniones calificadas sobre el tema y disponer de un informe preciso de los saldos que arroja la situación de violencia que vivimos al menos desde finales de 2007.

Nos parece que hay algunas tareas urgentes que deben atenderse por parte de la autoridad, con la participación de las instituciones de educación superior.

El Congreso de la Unión recomendó el año pasado al presidente Felipe Calderón que se hiciera un diagnóstico de la situación de violencia, en particular la que padecen los desplazados; Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, ha coincidido en la urgencia de este diagnóstico.

La Cámara Federal de Diputados hizo hincapié en que el Estado y los académicos establecieran criterios únicos, con el fin de que las investigaciones partieran de las mismas bases científicas, lo que debía acometerse de inmediato.

Una de las características del Estado democrático es que las políticas públicas que pueden afectar la vida económica, política, social y en materia de derechos humanos, siempre son consultadas con la sociedad. Con ello responde a la confianza depositada en las urnas y valora las opiniones ciudadanas sobre las medidas propuestas por la autoridad para resolver los problemas que motivan la consulta.

Y la ventaja de consultar arrojaría un resultado que aún no ha experimentado un gobierno en Sinaloa: la participación ciudadana, su fortalecimiento y, en un momento determinado, el respaldo social a la autoridad para ejecutar una política o medida consultada.

¿Por qué no hacerlo, sobre todo en momentos en que pareciera perderse hasta brújula que nos indica el norte?  Por la tranquilidad de los sinaloenses bien valdría la pena intentarlo. Vale.