TORTURAS Y CRIMINALIZACION DE MOVIMIENTOS SOCIALES

Más ya lo sabes: todo fue mentira.

César Vallejo

-Nadie tortura a nadie-, declara el gobernador Mario López Valdez. Y para volver más preocupantes sus conceptos y la práctica policial, agrega “los momentos por los que vive Sinaloa y el País no son precisamente de orden y respeto, y se enfrentan a circunstancias muy difíciles nuestros policías.”

Un gobierno que prometió el cambio y que para mayor garantía de transformación tiene en coalición a no pocos funcionarios de izquierda, no se manifiesta abierto a la crítica y menos en disposición de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Después de las reiteradas denuncias de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias en Sinaloa y en México, de las expresiones de preocupación de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch ante el gobierno mexicano, de las recomendaciones de la CNDH y de la CEDH (15 en los últimos tres años) sobre el particular y los casos hechos públicos por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, no cabe una declaración en esos términos. No al menos en un gobierno que se reclama plural y democrático.

Se afirma que nadie tortura a nadie, negando la más mínima posibilidad de que ello pueda suceder, a pesar de una terca realidad que a diario desmiente lo dicho. Dos pequeñas perlas como ejemplo: a principios de este año fue detenido el maestro Sabino Trujillo por su presunta responsabilidad en el homicidio de Juan José Martínez ex alcalde de Cosalá. Para disponer del detenido por más de las 48 horas constitucionales, la autoridad administrativa dejó asentado en la averiguación previa que fue privado de la libertad un día después de los hechos reales. La familia presentó queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa al día siguiente por la mañana. Si nos atenemos a la averiguación previa, cuando se presentó la queja ante la CDDHS Sabino aún gozaba de libertad. ¿Cómo explicar la angustia de esa familia y cómo entender que para la legislación internacional (que es también nacional) toda detención prolongada es tortura?

También ante la CDDHS se presentó queja de que en una casa abandonada en las inmediaciones de la ciudad de Navolato (junto al Río) la policía de élite estatal introducía a detenidos y los mantenía en el lugar por espacio de horas. Los testigos presumieron que se torturaba en dicho local. La prensa registró la denuncia y la CEDH hizo presencia para documentar la existencia de manchas muy parecidas a sangre humana. Hasta hoy desconocemos si para la Procuraduría General de Justicia la denuncia mereció una investigación en serio.

No podemos pasar desapercibida tampoco la frase “orden y respeto”, porque no hace muchas décadas fue la divisa favorita de Juan Carlos Onganía, de Alfredo Stroesner y de Augusto Pinochet. Y con la frase gemela “ley y orden”, impusieron los mayores golpes que las incipientes democracias latinoamericanas hayan recibido, reduciendo las garantías civiles y los derechos humanos a sólo consignas y anhelos de una sociedad agraviada.

Nos preocupa seriamente que esté pasando todo esto y no haya una rectificación de las prácticas violatorias de derechos humanos. Sería muy grave que la información de lo pasa en las policías y en la PGJE no llegue a manos del gobernador. Sería peor que llegándole de manera oportuna y clara no enderece las cosas tal como lo prometió hace 15 meses. No sería difícil una investigación del más alto nivel a partir de las denuncias conocidas. Creemos que aún es tiempo de enrumbar el barco.

Y en el golpe de timón que debe darse en las políticas públicas tendrá  que incluirse el trato al problema de los comuneros desplazados por la Presa Picachos. Abrir procesos penales a quienes luchan pacíficamente por sus derechos económicos y sociales, es ahondar las heridas que errores anteriores heredaron. Criminalizar los movimientos sociales sólo puede llevar a polarizar innecesariamente las relaciones Estado-ciudadanos.

La historia del país y la experiencia como defensores de los derechos humanos nos repite hasta el cansancio que el diálogo y la amigable composición son los recursos idóneos para la solución de los problemas sociales. Y en tiempos de crisis resultan más aconsejables para evitar injusticias y lo que más aman gobernantes y ciudadanos: la gobernanza.

Los organismos de derechos humanos tienen mucho que aportar para una solución justa de los problemas sociales y para alcanzar la paz y tranquilidad social. Ojalá y el gobierno estatal tenga presente esta disposición y el prestigio de los defensores del pueblo, como recurso privilegiado para lograr esos caros objetivos. Ojalá.