JUSTICIA MEXICANA CONTRA LA PARED

Un sistema idóneo de justicia penal es aquel que,

basado exclusivamente en normas jurídicas y no en criterios de conveniencias

u oportunidad política, sanciona a los responsables de los delitos.

OACNUDHM

Estos días son cruciales para la justicia mexicana. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver el caso Florence Cassez. El ministro Arturo Saldívar es el ponente. Y todo el país sabe desde hace días que la propuesta que sustenta es la liberación de la ciudadana francesa, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro.

La noticia ocupa buen espacio en los noticieros, en los diarios y en los comentarios de la calle. Desgraciadamente la reflexión y el análisis objetivo no dominan los espacios que los medios dedican  al problema. Y es que los propios medios fueron vehículo para difundir el montaje que preparó Genaro García Luna sobre el caso, cuando Florence fue presentada ante los medios.

Se privilegia lo sentimental al tocar el problema en esos medios y se reproduce la vetusta concepción que defiende las faltas de policías, ministerios públicos y jueces a nuestra legalidad, como la única posibilidad de  justificar los procesos penales y las sentencias que de ellos resultan.

El presente momento obliga a opinar, a no quedarse cruzados de brazos, pues son varias cosas las que están en juego, principalmente la supervivencia de legalidad en México y la autonomía del Poder Judicial. Vayamos por pasos: hoy no está en discusión ni es materia para la SCJN  la responsabilidad de Florence Cassez en la comisión del delito de secuestro.

Lo que está en manos de la máxima instancia del Poder Judicial ahora es si las autoridades mexicanas se ajustan al estado de Derecho al procurar e impartir justicia o simplemente nuestra legalidad es parte del paisaje que da marco a trasnochados discursos de frívolos políticos.

Pensar en que alguien que fue acusado y, sobre todo procesado y sentenciado por un delito, salga luego de prisión, es algo que difícilmente podemos digerir. Aunque no confiemos en las autoridades ni en los sistemas de procuración e impartición de justicia, simplemente no lo aceptamos. Pero el  Artículo 20 Constitucional, es muy claro en su fracción IX: “Cualquier prueba obtenida con violaciones de derechos fundamentales será nula”. Y la fracción X no deja en la generalidad el problema, pues mandata que, “los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.”

Por no observar estos principios, en Sinaloa hemos tenido que lamentar que los responsables de la muerte de Jorge Aguirre, defensor de los derechos humanos hayan recobrado su libertad. Alegaron tortura en las horas en que estuvieron en manos de la policía y pudieron probarlo. Las autoridades estaban convencidas de la responsabilidad que tenían en esos hechos y nosotros también, pero las violaciones a los derechos humanos de los procesados, arruinó todo el juicio.

Salen los partidos políticos a declarar. Y es lógico que la derecha defienda su vieja concepción y práctica violatoria  de derechos humanos, pero no nos explicamos que el PRD manifieste una posición de conveniencia. Incongruente con sus postulados, prefiere no perder simpatías en época electoral a mantener una postura firme en defensa del estado de Derecho.

Y las incongruencias dan rostro ahora al Estado mexicano, pues mientras exige respeto al debido proceso a los Estados Unidos, en los casos de miles de mexicanos detenidos y procesados allende las fronteras, se olvida de sus deberes en la materia a su interior.

En la coyuntura, entendamos que las víctimas están en todo su derecho de mantener  la opinión expresada de que se castigue a los responsables de delito de secuestro y nos explicamos que no vean si se cometieron violaciones o no a los derechos humanos de los presuntos responsables.

Muchos mexicanos hemos esperado que los organismos de abogados salgan a opinar en masa, dando luz sobre el problema y lo que está en juego. No ha sido así. Pero en medio de todo, aún con la orfandad de expertos de cabecera, hay que reconocer que el  ministro Arturo Salvídar ya dio un paso muy importante de preocupación ante las viejas y reiteradas prácticas que ofenden el debido proceso, y que con su iniciativa da la oportunidad a que la SCJN avance un trecho considerable para sentar bases de verdadera autonomía frente a los otros poderes de la nación, especialmente el Ejecutivo.

Hay elementos de última hora que dejan una marcada preocupación por los riegos que implican. Este viernes estuvieron en la SCJN el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles y el Subprocurador Jurídico de la PGR Alejandro Ramos Flores. Cabildearon con los ministros. Hicieron llegar a los ministros los argumentos del Poder Ejecutivo, con la abierta pretensión de que pautar la decisión de la primera sala de la SCJN.

Ya no dejó el Poder Ejecutivo que el Poder Judicial resolviera con la autonomía que le corresponde en la división de poderes. Y si la sociedad civil tampoco empuja para que la suprema corte actúe sin el yugo del Ejecutivo en los próximos días, adiós autonomía y adiós esperanza de que funcione en México un verdadero sistema de impartición de justicia. Vale.